Los últimos datos económicos sobre desempleo en nuestro país, indican que se han perdido miles de puestos de trabajo, cifra que tiende a incrementarse a medida que la crisis nacional se agudiza.

Muchas son las razones que han llevado a nuestro país a esta situación, pero entre ellas, es insoslayable señalar las reivindicaciones de las centrales sindicales, que argumentando defender a las masas trabajadoras, ignoran, desconocen y presionan los derechos que también tienen los empleadores a la libertad, trabajo y propiedad, que está plasmado en el artículo 7 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.

Toda alianza entre dos partes, sea personal, contractual o laboral, lleva implícita la voluntad de beneficiarse mutuamente, dando y recibiendo, siendo una especie de sociedad que es incompatible con la idea de favorecerse unilateralmente, lo cual de ser así, conlleva inevitablemente el fracaso de la unión inicialmente contraída. Entre empleadores y sindicatos, se debería cumplir esta variable, sacando provecho de lo que en conjunto crean y producen, para su bien común.

Pero por el contrario, en nuestro país los sindicatos, envalentonados por un gobierno que les ha dado un poder desmedido, consideran que pueden exprimir a los empresarios que ya cargan con el peso fiscal del Estado y con la elevación de sus costos de producción, cuando lo justo es que reciban un beneficio de la inversión realizada en sus emprendimientos, que implican diversos riesgos y responsabilidades.

Cabe destacar que los sindicatos en nuestro país, cuya creación, funcionamiento y libertad de acción están regulados por ley, deben cumplir con su función y misión principal de prestar la debida colaboración a sus afiliados defendiendo sus intereses, pero lo que ocurre en la realidad, es que además de esta tarea, ejercen paralelamente una función política, tal cual surge de tantos actos y manifestaciones, con la consabida intolerancia hacia quienes deciden no afiliarse y son perseguidos de una u otra manera por dicha causa.

Así como no se discute ni legal ni humanamente el derecho a la huelga de los trabajadores, no deberían permitirse las ocupaciones de los lugares de trabajo que son un atropello al derecho a la propiedad de los empresarios, con una clara pérdida de productividad por el lapso que dura cada conflicto, impidiéndoseles además, el ingreso a lo que son sus propias instalaciones, como también negándoles la libertad de trabajo a los no huelguistas.

No se puede desconocer entonces, que además de la crisis económica general que sufre el país, la presión sindical que atormenta y amenaza a los empresarios, es un claro motivo por el cual muchos comercios y bancos extranjeros han cerrado y se han ido, como también se han clausurado empresas nacionales, al enfrentarse a la realidad de que deben allanarse sin chistar ante la masa sindicalizada, ampliamente protegida por el régimen de turno.

No se puede perder de vista que los empresarios tienen la valentía de jugársela con capital, responsabilidad y riesgos de todo tipo, ante unos sindicatos que no terminan de entender que el derecho del patrón a tener una ganancia no debe ser menoscabado, pues de hacerlo, ellos mismos son los primeros en salir perjudicados al afectarse su fuente de trabajo.
No escapa a estos conceptos el funcionariado público, quienes desarrollan una importante función dentro del Estado, pero muchos de ellos abusan reiteradamente de su condición de inamovibles, haciendo reclamos desproporcionados que implican una carga extra dentro de las finanzas públicas.

La certeza de que las centrales sindicales dirigentes han tenido incidencia directa en el desempleo creciente que afecta a nuestro país, ha quedado en evidencia por todo lo que a diario vemos y se nos manifiesta.
Si a esta situación no se le ponen límites, la economía nacional estará en gran medida a merced de sindicatos que seguirán haciendo su voluntad, no importando las consecuencias que puedan traer a la prosperidad de la Nación.

Próximos gobiernos deberán regular este poder desmedido que en sus orígenes fue bien intencionado dirigido a proteger a la clase trabajadora, pero se ha distorsionado confundiendo lo sindical con lo político, es impopular, atenta contra la libertad y los derechos de los ciudadanos, debiendo por lo tanto volver a lo que fueron los principios y propósitos básicos que dieron lugar a su origen.