@|Uruguay ha tenido desde el inicio del nuevo mandato un impensado enemigo con quien sigue luchando. Un despiadado virus que asoló al mundo y obligó al electo gobierno a programar de improviso una estrategia de defensa para afrontar la imprevista pandemia generada. Uruguay dispuso, sin escatimar recursos, en el año 2020, la enorme suma de US$ 1.217 millones de dólares y prevé para el año en curso un gasto de US$ 520 millones más, por lo cual, se gastarán en esta dura batalla la enorme cifra de US$ 1.737 millones de dólares. Pero con la convicción de haber actuado con las armas disponibles y necesarias para el logro del fin deseado.

Y pasará la pandemia y otra vez en una nueva normalidad, el Presidente ha decidido encarar un nuevo desafío, prometiendo un ataque frontal a la desigualdad social, intentando lo que durante años ha sido promesa incumplida, aún en tiempos de bonanza económica por gobiernos populistas: la erradicación de los inhumanos asentamientos. ¿Esta loable decisión se podrá concretar?

El MVOTMA ha elaborado un extenso informe donde se presenta el “Plan quinquenal de Vivienda”, como marco de acción del Sistema Público de Vivienda, que cobija en su seno a 7 Instituciones Públicas que trabajan de modo independiente con tal fin.

Presidencia ha resuelto “crear un Fideicomiso de integración social y urbana” disponiendo dineros que le quita a Colonización, con la anuencia del MEC. El “Plan Juntos”, el “Plan entre todos” y muchas otras loables intenciones, reafirman mi creencia de que volveremos a tropezar con la misma piedra de la omnipresente “burocracia”; inevitable destino de tantas vanas y frustradas, encomiables intenciones.

Se pretende atacar este enorme problema disponiendo de US$ 20 millones que se le quitan a Colonización. No parece fácil que con este dinero se llegue a buen puerto. Entonces, desde el profano lugar de ciudadano común, escéptico observador de tantos fallidos proyectos políticos, lanzaré una idea sencilla, clara y transparente para llevar a la práctica la noble iniciativa.

Existen en el país unos 650 asentamientos que albergan cerca de 200.000 personas en contravención a todos los DDHH que nos marca la Constitución, calando en la sensibilidad ciudadana, lentamente, como una daga, a lo largo de años de continuo crecimiento.

Por otro lado, el costo de una vivienda digna, de buen material, con servicios públicos, puede costar si se lo proponen, en acuerdo magno con la Cámara de la Construcción, en el entorno de US$ 1.000 el m2. Pensemos entonces en viviendas de un metraje promedio de 30 m2, y en construir 30.000 viviendas, quizás la mitad de las requeridas actualmente, y tendremos un costo de US$ 30.000 por vivienda y un total de US$ 900 millones de dólares.

Este gobierno ha puesto al país rumbo a un futuro de ventura y podría, si se lo propone, eliminar la mitad de los asentamientos, en los 3 años que le quedan de gestión, dignificando así la vida de sus habitantes con una luz de esperanza que les devuelva el sentido de su existencia y la creencia en un Estado dedicado, protector y fielmente respetuoso de los DDHH de sus ciudadanos…