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Servicios de Salud y auditorias


Las fallas e irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) llevaron al Presidente Tabaré Vázquez a remover a toda la cúpula política que encabezaba la Dra. Susana Muñiz, cuya administración fue objeto incluso de una Comisión Investigadora a nivel del Parlamento Nacional sin que se hayan hecho públicos cuáles han podido ser los resultados y la atribución de responsabilidades.

La conducción de esta repartición pública le fue confiada al Dr. Marcos Carámbula, quien desde marzo de 2018 ha asumido la administración de un presupuesto anual de más de US$ 1.100.000.000 (sí, leyó bien: son mil cien millones de dólares por año) debiendo “poner orden” y designar nuevos directores de hospitales de todo el país, “con más criterio técnico que político”.

No obstante, un llamado a concurso para un cargo presupuestado de alta especialización para trabajar en el Servicio de Tomografía a cumplirse en el Hospital Pasteur, declarado “desierto”, llamó la atención de las autoridades. Pues el llamado a un cargo “presupuestado” debiera haber sido por demás atractivo, no sólo por la retribución sino porque se concentraba la actividad en un solo centro asistencial.

Resulta que ASSE tiene tomógrafos funcionando en los Hospitales Maciel, Pereira Rossell, Español y en el Instituto del Cáncer y en estos centros, los médicos radiólogos son contratados y trabajan por lo que se conoce como “Comisión de Apoyo” es decir que, cobran por las horas que facturan. Ha quedado al descubierto que, la forma de poder competir con las instituciones médicas privadas (que pagan a sus profesionales médicos un mayor salario), era aumentar las retribuciones, sobrefacturando horas de servicio que, en la realidad no se cumplían. Esta maniobra, conocida por anteriores directorios de ASSE, por las direcciones de hospitales y por los médicos, cumplida en forma continua por no menos de una década, significa no sólo una irregularidad punible penalmente, sino además un gasto millonario para el Estado.

Los médicos radiólogos no son los únicos especialistas en la mira, se le suman los anestesiólogos y llega también hasta los traslados especializados a nivel nacional.

En la conferencia de prensa brindada por ASSE, quedó de manifiesto la contradicción en que incurrió su Director, quien por un lado negó la existencia de la “sobrefacturación de las horas asignadas” y por otro, no podía descartar que hubiera funcionarios que cobraran por más horas de las efectivamente trabajadas, por lo que, aguarda el resultado de las “auditorias permanentes de la gestión de los hospitales” para asegurar que la sobrefacturación haya ocurrido. Una vez más, se advierte la necesidad de una firme y constante actividad de contralor, por parte del Parlamento a quien no debiera retacearse información alguna, ya que es su cometido específico dispuesto constitucionalmente.

A pocas semanas de cumplirse las Elecciones Nacionales, se ha tratado de no hacer olas con este tema, atribuyendo desde legisladores afines al gobierno, “intencionalidad política” a los pedidos de informes.
Se trata del dinero de todos los trabajadores uruguayos, que contribuimos con este Sistema Nacional Integrado de Salud, que ha demostrado carencias y debilidades cuando no llanamente, su mal funcionamiento.

La competencia por el recurso humano debió preverse en un mercado tan pequeño como el de nuestro país; pretender topear las retribuciones de los profesionales médicos que trabajan para el sector público no es admisible, cuando se han comprobado fugas de dinero inaceptables, así como contrataciones de servicios que se venden desde el sector privado, que podrían haberse evitado, así como el funcionamiento de empresas que prestan servicios y facturan a ASSE aunque mantengan su vínculo funcional con ella.

Conocer el resultado de las necesarias auditorias e investigaciones se impone.

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