@| Era de temer que, la sentencia dictada el 14 de octubre de 2019 por la Justicia española contra doce ex miembros del gobierno catalán, fuera una sentencia vengativa, porque no ha sido una sentencia jurídica sino política, como político fue todo el juicio y injustos fueron los casi dos años de prisión preventiva.

El actual Estado español no es un estado de derecho ni una democracia homologable. Vulnera sistemáticamente los tratados internacionales sobre derechos humanos que el llamado reino de España ha ratificado. El derecho a la autodeterminación está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Pueblos. El Estado español burla las reiteradas advertencias de prestigiosas instituciones Internacionales sobre la materia, incluso las de Naciones Unidas y del Consejo de Europa.

En la reciente sentencia se han condenado derechos básicos como el de protesta o manifestación, siempre pacíficos. La justicia española ha convertido derechos en delitos y la Justicia en una Inquisición del siglo XXI. Todo ello con el apoyo de partidos políticos herederos del franquismo, como el PP, Cs o el de extrema derecha Vox; y el supuestamente republicano y socialista PSOE. En conjunto forman un nacionalismo de estado rancio y autoritario. En España hubo una falsa transición política del franquismo a la democracia. Siguen mandando, en las altas esferas de las finanzas, justicia y política, los mismos que durante la dictadura.

En Cataluña se exige prioritariamente democracia, respeto a los derechos humanos y al derecho de autodeterminación. Las protestas surgidas no se detendrán hasta que el gobierno español acepte dialogar sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación pactado y con observadores internacionales. Reclamamos justicia.