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Salud mental


@|Carta abierta al Ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Salinas:

Poco antes de su toma de posesión como Ministro de Salud Pública, el diario El Observador le preguntaba cuál sería su prioridad como Ministro, y le confieso que su respuesta me pareció loable: “La atención a los sectores más carenciados”. “… Para mí el humanismo es la piedra angular. Si la sociedad pierde esa calidad de humanismo, estamos en un serio problema”.

No hay duda de que tiene usted servida la oportunidad en el cumplimiento del mandato de la Ley 19.529 de Salud Mental, que exige a los poderes públicos llevar a cabo “la desinstitucionalización de las personas con trastorno mental grave (TMG), mediante un proceso progresivo de cierre de estructuras asilares y monovalentes”, y su sustitución por centros de atención comunitaria, dispositivos residenciales con apoyo y centros de rehabilitación e integración psicosocial.

La Ley también prohibe “la creación de nuevos establecimientos asilares y monovalentes”, y, “la internación de personas en los establecimientos asilares existentes”, a partir de su entrada en vigor; al tiempo que exige al Poder Ejecutivo el cierre de los existentes antes de 2025.

Es sabido que usted estuvo en contacto con las personas con TMG en el Hospital de Vilardebó, varios años, como médico neurólogo. ¿Hay un sector más carenciado que éste, Sr. Ministro?

Pero, las personas con TMG no sólo merecen un trato humano, lo que la Ley 19.529 vino a exigir es la restitución de sus derechos, y en suma, de su dignidad como personas.

Nadie ignora que la República Oriental del Uruguay viene vulnerando flagrantemente los Derechos Humanos de las personas con TMG que están privadas del derecho a la libertad, por el mero hecho de tener un diagnóstico.

El derecho a la libertad de las personas lo consagran los instrumentos internacionales ratificados por Uruguay, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hecho en Nueva York, el 19 de diciembre de 1966. Y hay que recordar la Observación del Comité de DDHH de la ONU (16ª sesión 1982) que exige la aplicación del art.9.1 de dicho Tratado (“…derecho a la libertad y seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias”) a todas las formas de privación de libertad, ya sea por delito u otras razones, como, por ejemplo, las enfermedades mentales.

La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (CDPD), hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 (ratificada por Uruguay en 2008), exige que… “la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad” (art.14).

Pero la Ley 19.529, no sólo da un plazo al Poder Ejecutivo (2025) para remediar esa injusticia histórica de la República Oriental del Uruguay que, hoy por hoy, afecta a 1044 personas ingresadas en Vilardebó, y CEREMOS; hay otra realidad de urgente atención: la puesta en marcha de una estructura de recursos alternativos a las estructuras asilares y monovalentes que hay que cerrar.

Uruguay tiene ante sí la gran oportunidad de construir un modelo que la sitúe a la vanguardia de la atención a las personas con TMG y al pleno respeto de sus derechos.

El legislador de 2017 fue previsor, y prohibe que en esas estructuras alternativas “se reproduzcan las prácticas, métodos, procedimientos y dispositivos cuyo único objetivo sea el disciplinamiento, control, encierro y en general, cualquier otra restricción y privación de libertad de la persona que genere exclusión, alienación, pérdida de contacto social y afectación de las potencialidades individuales”.

Se requiere una fuerte determinación para restituir a las personas en todos sus derechos. Y para eso, necesitamos el concurso de la Institución de los DDHH y Defensoría del Pueblo, del Poder Legislativo, y demás instituciones.

Y la sociedad civil al completo tiene que cambiar su mirada hacia las personas con TMG, superar sus prejuicios, y erradicar el estigma que sufren las personas con TMG, que muchas veces, le aseguro, les daña más que el propio diagnóstico.

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