@|La adquisición del “avión presidencial” que según sus impulsores tendría un destino “multipropósito” o “vehículo aéreo de rescate”, y se justificaba para el “traslado sanitario”, ha resultado en realidad, la concreción de un capricho -muy alejado de la austeridad republicana- de quienes decidieron seguir adelante con la misma.

Sin escuchar las opiniones contrarias a su compra, entre otras cosas por el alto precio que finalmente se pagó por la aeronave, en rigor de verdad, constituyó un muy mal negocio que terminará pagando el Erario Público.
En un país como el nuestro, con sus reducidas dimensiones, la veleidad de contar con un avión de esta naturaleza, no tenía lugar en la agenda de prioridades a encarar por nuestros primeros mandatarios.

Muchas veces los mismos, utilizaban para sus desplazamientos internacionales, aviones de línea o aceptaban ser transportados por las aeronaves financiadas por alguno de nuestros vecinos, sin perder por ello ni un ápice su dignidad de tales, cuidando los gastos que tales viajes irrogan.

Contra viento y marea, la administración del Dr. Tabaré Vázquez en su segunda Presidencia, se empeñó en concretar la tan discutida compra. Sin escuchar las advertencias de quienes no compartían tal decisión y buscando machaconamente justificar o tal vez “vestir” el negocio, asignándole cualidades para las que no había sido construido.

Lamentablemente, menos del diez por ciento de las horas de vuelo de este bien público, se destinaron a “traslados sanitarios, de rescate o emergencia”, y su mantenimiento en condiciones aptas para volar, resultó altamente gravosa para el dinero de los contribuyentes, no sólo por ser un modelo discontinuado de 1976 y sin respaldo, sino por el gasto en las instrucciones de sus pilotos, sus repuestos y combustible.

Todo lo que llevó a un gasto en poco más de dos años, de casi tres millones de dólares, si al precio de la compraventa le sumamos los demás rubros señalados.

La venta de este bien mueble registrable, en subasta pública, en la Asociación Nacional de Rematadores, con una base de US$ 350.000 (la tercera parte de su valor de compra) no motivó a ningún interesado a nivel nacional o extranjero y en cuatro minutos se dio por finalizado el primer intento de rematarlo al no recibirse oferta alguna. Las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional esperan se concrete una segunda instancia de venderlo en esa modalidad, tal vez sin base… ya que la ecuación de este negocio, ha resultado altamente contraria a los intereses nacionales.
Esta compra fue observada por el Tribunal de Cuentas de la República por contradecir aspectos jurídicos, ya que inicialmente se intentó hacer una compra directa a un particular, luego se llamó a licitación; Jurídica de dicho organismo de contralor, entendió que dicha licitación “no fue competitiva”, no obstante, el Ejecutivo insistió en dicha compra hasta que por un cambio de integración en ese Tribunal se levantó la observación.

Debería investigarse en profundidad este ruinoso negocio (Febrero de 2018), así como el porqué de la obstinación presidencial en concretar la compra de “ese” avión y a “ese proveedor”, cuando el mercado ofrecía opciones mucho más beneficiosas.