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Residuos e impacto ambiental


@|La Ley 19.889 más conocida como “la LUC” o Ley de Urgente Consideración -de reciente aprobación por el actual gobierno de coalición- dispuso en su artículo 291 la creación del Ministerio de Ambiente.

Atribuye además al Poder Ejecutivo la conducción de la política nacional ambiental, el desarrollo sostenible, así como la conservación y uso de los recursos naturales, confiriendo al novel Ministerio de Estado, en general toda la materia contenida y prevista por el constituyente en el artículo 47 de la Constitución.

Esta norma constitucional contenida en la Sección “Derechos, Deberes y Garantías” ya establece que la “protección del medio ambiente” es de interés general, imponiendo a las personas la obligación de abstenerse de realizar cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente, disponiendo su reglamentación por Ley. Como lo efectivizó la Ley 17.283 de Diciembre del año 2000, en la que con carácter interpretativo estableció principios, derechos y deberes en lo que hace al uso, protección y conservación del medio ambiente, tanto para las personas como para el Estado.

En el año 2019 se dictó la Ley 19.829 que refiere a otro asunto íntimamente ligado al medio ambiente, como es el de la disposición final de los residuos y su “gestión integral”. Tanto el suministro de “agua potable” y el tema “disposición de residuos” fueron mencionados expresamente por el nuevo Ministro, al asumir su cargo. Así como la necesaria inclusión de la materia “desarrollo ambiental” y “desarrollo sostenible” en los programas educativos, como meta que pretende lograr un “cambio cultural” en este tema.

Por ello, no se alcanza a comprender que se pretenda seguir adelante con una Resolución dictada a pocos días de finalizar el período anterior de gobierno. La que debiera dejarse sin efecto. Me refiero a la N° 327/2020 del MVOTMA por la que, el 21 de Febrero de 2020, con el visto bueno de la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) se concedió la “Autorización Ambiental Previa” para la instalación de un mega basurero en Cerro Mosquitos, cercano a la localidad de Soca, el que podría estar operativo por 22 años y almacenar cinco millones de metros cúbicos de residuos sólidos sin clasificar. Inicialmente, la Intendencia de Canelones, había proyectado instalar ese vertedero en la zona del Arroyo Solís, lo que fue rechazado por dicha Dirección y fue objeto de una gran movilización en contra de esa ubicación por vecinos, productores y diversas organizaciones defensoras del medio ambiente, por todo el grave impacto que causaría en la zona.

No obstante la oposición manifiesta, se insistió por el gobierno de Canelones en re-localizar dicho basurero y finalmente obtuvo el “visto bueno” de DINAMA. Nada más contrario a la razón. La nueva localización prevista en la referida resolución administrativa, lo es en una zona cercana al Vertedero Cañada Grande, y de concretarse, la zona bien podría calificarse como de “Sacrificio Ambiental” (pese a estar dentro de la “zona de protección ambiental” según la misma Intendencia) pues supondría afectar, no sólo el paisaje del lugar -con cerros, manantiales y cañadas- sino además, afectaría las napas freáticas y los pozos de agua, que quedarían contaminados.

Del proyecto inicial, en el que se ofrecía una “planta modelo” de tratamiento de residuos, nada queda. Sólo el compromiso de la Intendencia de construir una planta de tratamiento de las sustancias que escurre la basura, para que no sean absorbidas por el suelo; y habilitar un “sistema de atención a los vecinos para recibir sus quejas”. También se crea una “Comisión de Seguimiento del Proyecto” presidida por la DINAMA. ¿Será esto suficiente?

El daño que podría ocasionarse tendría profundas consecuencias, tanto en el orden ambiental como humano.

¿Es ésta la mejor solución que puede hallarse? Es evidente que se necesita un profundo cambio cultural en esta materia. Se trata de un nuevo desafío.

Estamos a tiempo.

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