Rescate estatal y lo que no se ve

@|El pasado jueves, en la Cámara de Representantes se vivió uno de los episodios más bochornosos de los últimos tiempos. Se consolidó un rescate socialista, aprobando una ley para transferir dinero de los contribuyentes a una empresa en quiebra.

Desvirtuando la función legislativa, el Parlamento sienta otro peligroso precedente al intervenir en la economía a fin de prolongar la agonía de una empresa fundida. Nada obsta que de aquí en más, cualquier empresa en bancarrota reclame su ley con nombre y apellido para obtener una tajada del dinero que se le sustrae a los contribuyentes. Por ejemplo, alguien podría sugerir una ley de rescate para cada una de las 176 empresas que fueron a concurso de acreedores en los últimos 19 meses.

Pero lo más lamentable del asunto es que esta ley fue aprobada casi por unanimidad, lo cual agrava la situación ya que parece no haber una férrea oposición a la escalada intervencionista de claro signo chavista. No obstante ello, cabe destacar el coraje de los diputados Rodrigo Goñi Reyes y Aldo Lamorte (Partido Nacional), y de la diputada Nibia Reisch (Partido Colorado). Tres Representantes Nacionales actuaron con responsabilidad y no acompañaron esta iniciativa. No sucumbieron ante la demagogia socialista reinante.

Parafraseando a Frédéric Bastiat, lo que se ve es el efecto inmediato de “salvar” algo por un par de días, aunque se sabe que está destinado a la muerte. Muchos aplauden el respirador artificial, pero lo que no se ve es que dicha intervención estatal produce efectos negativos en otros sectores de la economía que deben subsidiar la ficción estatista. Esta asignación forzosa de recursos no responde a la voluntad de los individuos sino al arbitrio del planificador central que distorsiona el funcionamiento del mercado.

Si bien en una economía de mercado lo normal es que abran y cierren empresas todos los días, en el caso de Uruguay el intervencionismo y la carga tributaria aplastante han llevado a la ruina varios emprendimientos que no han podido soportar los rebencazos fiscales.

En suma, la verdadera solución no es que el Estado rescate empresas de sus propias políticas, sino que el Estado cambie sus políticas para no llevar a la quiebra a las empresas.

Es momento de retirar el aparato estatal de la economía, derogar regulaciones, reducir el gasto público y hacer una rebaja generalizada de tributos. Tan simple como dejar de poner obstáculos para que el sector privado pueda prosperar en libertad.