@|Mañana 1° de marzo, se producirá la asunción del nuevo gobierno y quienes fueran electos para conducirlo, por el quinquenio 2020/2025, asumirán sus responsabilidades y tendrán que “hacerse cargo” del mandato que les confirió la mayoría del Cuerpo Electoral.

Mayoría que se expresó en las urnas el pasado mes de Octubre y que dijo No a la posibilidad de un cuarto gobierno del Frente Amplio. Es que todo tiene un límite, y tres lustros (de excepcional bonanza económica) de ejercicio en el poder, fueron más que suficientes para “darse cuenta” que en rigor de la verdad, y mal que nos pese, no nos quedó ni un “país productivo” ni mucho menos, “un país de primera”, como prometieron los cantos de sirena de quienes –con mayorías absolutas en ambas Cámaras- detentaron el poder público.

Esta mayoría, adormeció a casi todos los regimentados legisladores frentistas, quienes no ejercieron su función de contralor y casi a tapas cerradas votaron en bloque las leyes indicadas por el Poder Ejecutivo.

Es cierto que, en algunos temas, hubieron muy contadas excepciones, de aislados legisladores frentistas que, tildados de “rebeldes”, no levantaron su mano complaciente.

Funcionó la “aplanadora” y la soberbia encegueció a muchos, tanto legisladores como encumbrados funcionarios del gobierno, que al parecer intentaron desconocer la Historia y tuvieron (pese a la derrota sufrida) y siguen teniendo un persistente discurso “fundacional” como si antes del año 2005, nada se hubiera logrado.

Son estos mismos funcionarios que, antes de la asunción del nuevo gobierno, siembran cizaña contra quienes los sucederán en sus responsabilidades o estimulan a colectivos sociales para que se conviertan en “punta de lanza” de movilizaciones, para lograr una pretendida defensa de “derechos adquiridos”, que serían vulnerados por una Ley de Urgencia que ni siquiera se ha presentado aún, lo que en puridad, no es otra cosa que llamar a desconocer el mandato de las urnas. Pretendiéndose defensores de la “clase trabajadora”, insisten en que esta “embestida de la derecha conservadora” tendrá consecuencias nefastas, lo que supondrá hasta “perder derechos” que datan en algunos casos de más de cien años.

¿Olvidan acaso que, no han sido capaces de crear genuinos puestos de trabajo, como también el cierre de empresas privadas productivas y que la presión fiscal se ha hecho insostenible? ¿Olvidan que el Estado, administrado por ellos como si se tratara de su propiedad, en estos últimos quince años, ha tenido pérdidas enormes y que nuestra deuda externa se ha multiplicado en forma exorbitante? ¿Cómo puede llegar a programarse desde ya, un “paro de la enseñanza”, porque no se les habría consultado a los gremios docentes sobre las reformas legislativas en lo que refiere a la Educación?

Esta pretensión corporativa, nada tiene de democrática. Las autoridades gremiales que han programado dicho paro, deberían saberlo. Resulta ciertamente inadmisible. Nuestra Constitución en su Art. 82 establece con meridiana claridad: “La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma”.

Pretender otra cosa es atentar contra la Constitución Nacional, lo que es muy grave.

Las nuevas autoridades tendrán que ejercer su autoridad y sortear con eficiencia y legalidad, los buenos escollos que, quienes no aceptan que la Ciudadanía optó por el cambio, ya les prometen desde antes de asumir.