@|El pasado viernes, en un informe de TV, vimos a un abogado especialista en derecho marítimo hablar acerca del Acuerdo celebrado en el año 2021, entre el Estado y la empresa de la ANP y el grupo belga Katoen Natie.

En lo sustancial reclamaba el experto -público y asiduo crítico a dicho Acuerdo y sostén en su prédica de las falaces imputaciones del Frente Amplio al gobierno- que el instrumento fue redactado por personas sin experiencia. Reclamaba así un cierto protagonismo para una suerte de “comité de expertos” que, a su juicio, debió haberse convocado para tratar el tema. O sea, una actuación en estado de asamblea en cierta forma.

En sintonía, el Senador Carrera reclamaba que ese tema debió haber sido objeto de ley y tratamiento parlamentario.

El experto pre opinante en alguno de de sus comentarios habló de Acuerdo “en la soledad de los gabinetes”, etc. Va de suyo recordar que la Ley de Puertos compete al Poder Ejecutivo la competencia exclusiva en materia de política portuaria. Y cuando corresponda, el asesoramiento de la ANP.

También la Constitución y la ley establecen las facultades del Poder Ejecutivo y los Ministros en materia de defensa del Estado en cualquier contienda judicial, arbitral o contenciosa en la cual se pretenda demandar al Estado, sea ante el Poder Judicial u organismo jurisdiccional multinacional al cual el país se someta por imperio de Tratados suscritos.
Y bien, ésta fue la forma legítima en que el Poder Ejecutivo con los asesoramientos que estimó conveniente, además de la recibida de la ANP, logró cerrar un Acuerdo que puso fin a un litigio que se anunciaba por montos millonarios interpuesto ante el gobierno del Frente Amplío y el cual, el gobierno electo debió enfrentar el 1° de marzo del 2020.

Claro está que la causa y objeto de este juicio se basaban en las múltiples irregularidades y arbitrariedades cometidas por las autoridades de la época por más de 10 años de gobierno “progresista”. Un entramado de ilegalidades denunciadas por anteriores directores del Partido Nacional en la ANP, surgidas de auditorías solicitadas, y reclamos de TCP, empresa única concesionaria de la Terminal Especializada de Contenedores público privada del Puerto.

En forma llamativa reclamos ignorados por el Presidente de la República y su Ministro de Transporte de la época, así como por la mayoría del Directorio de la ANP.

Se trataba nada menos que de la autorización “de facto” a favor de una transnacional portuaria extranjera para operar en muelles públicos con tarifas privilegiadas y otras prebendas compitiendo en forma desleal y anti jurídica con la concesionada.

Corolario, nada le hemos escuchado decir al susodicho experto respecto de aquellos lodos que provocaron estas tempestades. Tampoco oímos una sola palabra de los legisladores y mesa política del Frente Amplío sobre dichas acusaciones a la hora de rasgarse las vestiduras en sus farisaicos agravios por el Acuerdo del Puerto, siento que todo lo reseñado se encuentra en la versión taquigráfica de las palabras del Senador Gandini expresadas en pública sesión del Senado que culminó con el respaldo expreso al Acuerdo aprobado por el Ejecutivo. Seguiremos con el tema procurando desentrañar la verdad ante el falso “relato”.