En conclusión

@|Por enésima vez, se escuchó a representantes del partido de gobierno reiterar el concepto de que la persecución penal de los delincuentes, mediante el aumento de las penas, no es útil para combatir el delito y no conduce a mejoras en la situación de inseguridad. 

Ello se afirma sin que en ninguna de las ocasiones se exprese algún argumento que respalde dicha aseveración. 

Analizando la realidad se puede deducir todo lo contrario. Dado que en la situación actual el mayor problema que tenemos es la ausencia de penalización para la enorme mayoría de los delitos. 

Si hablamos de rapiñas y robos, solo se aclara un porcentaje ínfimo de los mismos que es inferior al 5 %. O sea que en un 95% de los delitos nunca se llega a saber quiénes fueron sus autores y por ende, no hay penalización alguna. 

En los casos en que sí se identifica a los autores sólo son procesados la mitad. 

Así que en la situación penal actual, el primer problema que tenemos es la ausencia de sanción alguna para la casi totalidad de los delitos. 

El segundo problema, es la falta de cumplimiento del total de la pena impuesta en la gran mayoría de los casos. 

Si resultara cierta la afirmación de que incrementar las penas no conduce a una reducción de los delitos, debería darse por hecho que reducir las penas sí debería llevar a que cada vez hubiera menos delitos. Dado que en la actualidad tenemos una mínima penalización de los delitos más frecuentes que no llega al 3% de los casos, estamos frente a la situación deseada y referida como ideal de reducción de la penalización, a un mínimo casi imposible de reducir aún más. Dado que si reducimos este nivel ínfimo de penalización, corremos el riesgo de no procesar a ningún delincuente.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expresado por integrantes del partido gobernante, deberíamos estar frente a una reducción sistemática de los delitos con una situación de seguridad cada vez mejor. 

Sin embargo, como este escueto nivel de penalización se ha acompañado de un aumento sostenido de los delitos, deberíamos concluir que la reducción de penas y el escaso porcentaje de delitos penalizados no hace otra cosa que promover la actividad delictiva e incrementar el número de hurtos y rapiñas. 

Por lo tanto, hemos comprobado a lo largo de más de una década, que la reducción y escasa penalización de los delitos lleva a un incremento sostenido de la inseguridad. 

No hay más remedio que comenzar a recorrer el camino inverso, incrementando el número de delincuentes procesados e incrementar el cumplimiento de las penas impuestas. 

Después de lograr el incremento de la tasa de delitos con penalización, después de sacar de circulación al gran número de delincuentes reincidentes, y recién después de que hayan pasado unos años, podremos evaluar sus resultados y ahí sí concluir si fue o no una medida eficaz.
Mientras tanto, la reiterada afirmación de que carece de utilidad el incremento de las penas, no deja de ser una mera falacia o una simple expresión de deseo que la realidad ha desmentido categóricamente.