@|El Ministerio del Interior, aparentemente, en el mes de julio del 2014, dejó de quemar la droga incautada en procedimientos contra el narcotráfico y anunció en su momento que se disponía a realizar pruebas científicas en busca de nuevos métodos para su destrucción, métodos que hasta el momento desconocemos.

En el mes de julio del 2014, la Guardia Republicana procedió a la quema de 1.800 kilos de cocaína y 720 kilos de marihuana.

En esos momentos, el director esa unidad, Rovert Yroa, explicó a la Unidad de Comunicación que el procedimiento incluyó la acción de unos 20 efectivos y enfatizó que la quema fue "un proceso muy controlado a los efectos de no tener contaminación en el medio ambiente".

De todas formas, el asesor del Ministerio del Interior Federico Laca anunció, en declaraciones también difundidas por el Ministerio, que "seguramente sea la última quema de droga" y aparentemente fue la última quema.

Nunca se informó qué jerarquía y qué profesionales supervisaron dicha quema y, si hubo, las anteriores.

El funcionario explicó, en esos momentos, que la Secretaría encabezada por Eduardo Bonomi había informado sobre un convenio con el Parque Científico y Tecnológico de Pando para la realización de "estudios sobre métodos alternativos de destrucción de sustancias sospechosas".

Laca indicó que el objetivo del convenio también es "incorporar investigadores que trabajen en conjunto con el Ministerio del Interior" en el análisis de las sustancias.

Luego de esa fecha y de esos anuncios, no hubo comunicación oficial de nuevos "métodos alternativos", ni de nuevas quemas de droga.

Este es un tema que mucho nos preocupa, teniendo en cuenta los miles de kilos de cocaína y otras drogas incautadas desde el 2014 a la fecha.

Debido a esta situación sería oportuno, que el gobierno de la coalición, exija al gobierno saliente un inventario ajustado, gramo a gramo, de la droga incautada en los últimos 15 años, su destino y corroborar con un químico que la droga depositada es auténtica.

Simultáneamente, se debería construir una bóveda, con extremas medidas de seguridad y un sistema seguro de destrucción de la droga incautada hasta el momento y lo que se incaute en el futuro y establecer un estricto protocolo para los casos en que se incauten partidas de drogas.

Esa bóveda deberá ser el único deposito donde se acopie la droga incautada por los diferentes servicios del Estado.

La quema de la droga deberá ser mensual con la presencia del Ministro del Interior y supervisada por un escribano que corrobore que es el volumen exacto incautado y por un químico que constate que es cocaína y no talco y que es marihuana y no pasto.

Teniendo en cuenta los volúmenes de droga incautada y la alarmante cantidad que salió de nuestro país por aire y por mar, sin ningún tipo control y sin saber como y por donde ingresó en territorio uruguayo, el gobierno de la coalición debería conformar una comisión que trabaje en el tema y concrete un severo seguimiento de la droga incautada en el pasado y la que se encuentre a partir del 1 de marzo del 2020.

El silencio de las autoridades actuales, en relación a la droga incautada y su destino y el peligroso silencio sobre cómo y por donde ingresó la misma, hacen pensar que se debe ser muy severo en el tratamiento del tema.