@|No es la primera vez que escribo a las autoridades respectivas y a los medios de comunicación para denunciar (sí, lamentablemente) el accionar coordinado por parte de los “compradores” de commodities agrícolas producidas en Uruguay.

Soy un fiel creyente en la libertad de mercado como la mejor forma de generar riqueza en el largo plazo, pero también creo firmemente, habiendo presidido una de las mayores compradoras de granos en el Mercosur, que la función del Estado es establecer un balance entre las disímiles fuerzas del comprador y vendedor, claramente desbalanceadas.

En campaña agrícola 2020, me permití escribir:

"Es permanente la lucha anual, en el contexto de contratos leoninos acordados “entre los compradores”, en cada entrega de cebada, soja, trigo para discutir desde la distancia entre la chacra y el acopio para determinar el flete; a la humedad que registramos a la salida de la chacra y que mágicamente se eleva 1-1,5% al recibirse y encontrarse con la sorpresa de que el camión de 30 toneladas tiene 4 abrojos o 3 semillas de cicuta y por ello hay que proceder a la prelimpieza que a costo del vendedor la realiza el comprador con tarifas acordadas entre los demandantes de mercaderías.
Realizo todo este preámbulo para indicar el nivel de conflicto silencioso que existe en la relación proveedor - comprador, más allá que la mayoría prefiere callar y seguir adelante; y para sugerir al gobierno que reglamente en forma transparente esta relación de gran desigualdad a la hora de negociación.

Nunca he sido un promotor de intervenciones del Estado y he conducido uno de los más grandes compradores de granos en Argentina, pero la situación que existe en Uruguay claramente necesita ser revisada.

Contratos tipo, correctamente balanceados, unidades independientes (de las partes) de control en puerto y acopios para la verificación de peso, humedad, calidad, financiadas por toda la cadena le darán transparencia a algo bastante poco claro".

Me toca hoy denunciar a las materias, AMBEV en este caso particular, que en su respetable objetivo de maximizar ganancias avanzan de forma no tan respetable sobre las pocas ganancias de los productores.

Es claro que 100% del riesgo empresario lo toma el productor, invierte 600 USD/ha para hacer un cultivo (incluyendo la semilla provista por las malterías a valor de 580USD/tonelada, que luego le venderemos a 250 USD/tonelada) cuya rentabilidad dependerá del clima que impactará en la cantidad y calidad de la semilla, ésta última variable determinada unilateralmente, sin contra muestra, por el comprador al momento de la liquidación cuando todo es “cosa juzgada”.

El año climático no vino bien para la región central agrícola del Uruguay, con faltante de agua en el mes de octubre, clave para el llenado de grano por lo que 4 de cada 5 camiones se rechazaban en la planta de recepción hasta que las malterías entendieron qué era “lo que había” y se prepararon para “liquidar” 30 días después, a los productores.

La sorpresa vendría en la liquidación final en la cual los granos entregados con bajo calibre (todo volumen entregado por encima del 1,5% de tolerancia cuyo calibre es menor a 2,2 mm) tienen precio 0, sí; no tiene valor comercial para las malterías. Esta calidad claramente tiene un uso forrajero a USD 230/ton o seguramente será la semilla que nos venderán la próxima campaña a 580 USD/ton, pero para el productor es perder entre el 8 y 10% del volumen entregado por el cual pagó los costos de producción y flete, sin tener la opción de retirar el volumen para utilizarlo de otra forma. Una trampa mortal creada para mejorar la rentabilidad de una de las partes y por la cual el productor es víctima.

Nuevamente todo esto representa un nuevo sin sentido en la relación de la cadena y más allá que muchos prefieran callar una vez más, yo creo que si no denunciamos y pedimos participación del Ministerio, se repetirá cada año indefectiblemente.