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¿Es posible combatir la discriminación discriminando?


@| La discusión instalada en la opinión pública sobre la Ley Trans se ha polarizado, dejando de lado un análisis objetivo de la ley y descalificando a cualquier persona que discrepe con esta. Ha primado la desinformación, tanto con argumentos a favor como en contra, basta ver que respecto a las prestaciones reparatorias contenidas en el Art. 7 se ha manejado que los beneficiarios serían 15 hasta 900, cuando el número indicado desde el MIDES indica que podrían llegar a ser 180. 

Poco espacio se ha dejado para quienes estando a favor de las políticas que busquen integrar a las personas trans en nuestra sociedad, buscamos realizar un análisis objetivo de esta ley y su idoneidad para cumplir su cometido.

Partamos por reconocer que las personas trans en nuestro país son fuertemente discriminadas y entendamos que nadie en su sano juicio optaría por exponerse a esto por un simple capricho. La decisión debe ser muy dura y ha de tomarse luego de oponerse por mucho tiempo hasta finalmente entender que existe una fuerte dicotomía entre el sexo que la naturaleza les ha dado y su identidad, tan fuerte como para preferir enfrentar esta discriminación antes que oponerse a este sentimiento.

No entraré en el análisis del Art. 7 que repara a los trans afectados por la dictadura por entender que esté articulo responde a un objetivo diferente, lejos de buscar la inclusión a futuro de las personas trans en nuestra sociedad.

La ley se compone de una serie de artículos que pueden entenderse como declaraciones de buenas intenciones, pero que carecen de consecuencias prácticas. Como ejemplo puede citarse el Art. 16 que indica que las personas trans tendrán los mismos derechos a la salud ya consagrados en otra ley para todas las personas. Pero existen otros artículos con consecuencias prácticas y costos que deberá afrontar la sociedad uruguaya, y permítanme hablar de sociedad uruguaya en contraposición al concepto de estado todopoderoso cuyos fondos parecen surgir del éter.

El Art. 17 declara que los prestadores de salud deberán brindar tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos con el fin de adecuar el cuerpo que la naturaleza les ha dado al que estos desean tener. Entiendo la necesidad de estas personas de adecuar su cuerpo a su género, pero me genera muchas dudas si es correcto pedirle a la sociedad uruguaya que lo financie. Me resulta muy difícil establecer el límite entre esto y todas aquellas disconformidades que podemos tener con el cuerpo que la naturaleza nos ha dado, que muchas veces son causa de discriminación, pero que no constituyen una discapacidad.

Por otro lado los Art. 9, 14 y 18 establecen cuotas y prioridades a la hora de acceder a cargos públicos, becas educativas y vivienda. Es aquí donde la discriminación se combate con más discriminación, pues en lugar de generar nuevas oportunidades para cubrir estas necesidades de la población trans, se le quita a uno para darle a otro en función de su orientación sexual o condición de género. ¿Cómo puede sentirse una persona que estando mejor preparada para acceder a un cargo o teniendo mayores necesidades de una beca es relegada en función de estos criterios? ¿No se trata esto de otro caso de discriminación que generará odio e impotencia en quien la sufre?

En comercios de otros países he sido atendido por personas trans, nunca me sucedió en Uruguay, que bueno sería poder lograr este tipo de inclusión laboral. Pero no se puede culpar a los empresarios, pues estos simplemente reflejan la sociedad en la que vivimos, y por más buen intencionados que sean no toman un riesgo que pueda afectar su negocio si no existe un beneficio a cambio. Las políticas podrían apuntar a otorgar beneficios fiscales para quienes incorporen personas trans a su plantilla y así equiparar estos riesgos con beneficios. Pero se optó por lo más fácil, forzar a los organismos públicos a cumplir con una cuota de personas trans por sobre otros candidatos de mayor calificación, lo cual no es otra cosa que seguir condenando a la administración pública a la ineficiencia que la caracteriza, desoyendo a la sociedad que pide a gritos que se baje el costo del estado.

Es por esto que creo que el gobierno acierta en la intención de legislar para promover los derechos de los trans, pero equivoca en el método. Se podría haber incluido a la oposición y así lograr una ley que refleje otros puntos de vista, pero nuevamente se optó por el camino fácil de hacer uso y abuso de la legítima mayoría parlamentaria, derivando en una ley que en lugar de incluir divide, como ha quedado evidente en la opinión pública.

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