@|El segundo congreso sobre políticas públicas y medicamentos de alto costo, organizado por el Sanatorio Mautone, reunió recientemente en Punta del Este a jerarcas del MSP (Ministerio de Salud Pública), del FNR (Fondo Nacional de Recursos), representantes de instituciones de medicina altamente especializada, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, asociaciones de pacientes y abogados.

Se trata de una temática especialmente sensible, ya que si bien se habla de una “judicialización” de los requerimientos de cobertura, llegándose incluso a tratar a los abogados que patrocinan estas acciones de amparo, de “traficantes”, lo cierto es que, el MSP ha sido condenado reiteradamente a brindar esos medicamentos, luego de ser demandado judicialmente.
Es que desde la creación del FNR por Decreto Ley 14.897 de Junio de 1979, al impulso de los doctores en medicina Oscar Guglielmone y Orestes Fiandra, se pretendió otorgar financiamiento a un conjunto de prestaciones médicas altamente especializadas incluyendo medicamentos de alto costo, de demostrada efectividad, “permitiendo que las mismas estén disponibles con equidad para toda la población del país asegurando que dichas prestaciones se realicen con el máximo de calidad y eficiencia y en condiciones de sustentabilidad económica y financiera”. No se alcanza a comprender entonces, el verdadero “vía crucis” que deben transitar portadores de enfermedades de gravedad y riesgo de vida, de quienes no tienen la capacidad económica para adquirir esas medicinas. Enfermos a quienes muchas veces se les ha obligado a recorrer instancias administrativas inconducentes, aumentando sus ansiedades y las de su entorno familiar, perdiendo energías y por sobre todo, su tiempo.

Sabido es que el tiempo de la Administración no siempre se acompasa con el tiempo de quienes esperan prontas respuestas a sus requerimientos y por ello es que se recurre a las “acciones de amparo”, para obtener judicialmente y en forma mucho más expeditiva lo que administrativamente no se logra.

Aquí, como en tantas otras materias, el gobierno es quien debiera actuar con veracidad, honestidad y transparencia. No se pueden dilatar decisiones, ni asegurar que se hayan incorporado listas de medicamentos que luego se advierte que no lo fueron, pues ello resulta en definitiva, una intolerable falta de respeto.

Nuestro país ha sido uno de los pocos en solucionar el acceso de toda su población a la medicina de alto costo, incluso previendo trasplantes e intervenciones en el extranjero.

Si bien se pretenden aplicar políticas financieras sustentables, que los enfermos de gravedad puedan ser tratados en forma eficiente y equitativa, tanto en tratamientos de medicina altamente especializada como en la adquisición de los referidos medicamentos, resulta por demás elemental a la hora de cumplir con el objetivo que se propusieron los médicos que, en su momento –hace cuarenta años- impulsaron esta iniciativa. La prioridad debieran ser los enfermos y la esperanza en su recuperación.

La adopción de decisiones acertadas resultará en ese sentido más conducente que tratar de responsabilizar a los profesionales abogados que patrocinan estos reclamos, quienes no hacen más que hacer valer derechos reconocidos por la Constitución y las leyes de nuestra República. Ni más, ni menos.