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Políticas de impacto social sin evaluación


@|En el marco de la Ley de Presupuesto (que regulará el proyecto quinquenal de este gobierno de coalición), surgen preocupaciones por los “recortes presupuestales” que en las distintas áreas, las actuales autoridades están dispuestas a sostener. Pues al tener que enfrentar la pandemia que vivimos, buscan racionalizar los siempre escasos recursos con los que se cuenta, para poder afrontar el costo de las políticas públicas –en especial las de impacto social- que permitan amortiguar los efectos de la especial emergencia sanitaria.

Con el heredado déficit fiscal y sin reservas para responder holgadamente, el actual gobierno lidia a varios frentes para mantener el equilibrio de las finanzas públicas, sin dejar de asistir a los más vulnerables. Quienes alegremente dispusieron de los recursos públicos (obtenidos en años de bonanza fuera de lo común) sin ahorro de tipo alguno en los últimos quince años, irresponsablemente pidieron la cuarentena obligatoria (como la que están padeciendo nuestros vecinos argentinos) sin advertir siquiera las consecuencias que ello hubiera ocasionado a nuestra economía y al propio Estado de Derecho.

Al mismo tiempo, impulsaron a su coro de seguidores para que se manifestaran en el “día de los mártires estudiantiles” -en forma multitudinaria- contra los “recortes a la enseñanza”. Justo en esa materia, donde pese a los ingentes recursos que le fueran asignados, los resultados han dejado mucho que desear.

Es que hoy, más que nunca, se vuelve necesario contar con evaluaciones y control de resultados a la hora de verificar dónde se destinan los recursos financieros de los que pueda disponerse. Estas evaluaciones no son por cierto un invento uruguayo, se aplican desde la década del sesenta tanto en Estados Unidos como en Europa.

A nadie puede escapar que es la sociedad en su conjunto la que nutre las arcas públicas para asignar los recursos -entre otras- a las políticas sociales, tan requeridas en tiempos como los actuales, donde se han perdido más de 65.000 puestos de trabajo y muchas actividades han debido reformularse o cerrar sus puertas.

La exigencia de extender “seguros por desempleo” recargan las finanzas del BPS, cuando lo que debiera lograrse son inversiones privadas que generen auténticos ingresos, y a la vez, impulsar la necesaria formación de nuestros estudiantes para que logren su desempeño técnico profesional en la sociedad altamente competitiva en la que vivimos.

Es en el Ministerio de Desarrollo Social (donde al parecer quien ocupara esa cartera en dos períodos, habría realizado “el sueño del pibe”) en el que se gastó muchísimo dinero de los contribuyentes en una multiplicidad de programas y proyectos.

Allí es donde primero debieran demostrarse los resultados de esas evaluaciones y que las mismas se compadecieran con la realidad. Obsérvese que fue en dicha repartición pública en la que se asignaron muy buenas retribuciones entre sus cuadros gerenciales…y también se dispusieron recursos para una multiplicidad de ONG -que sin control alguno- manejaron dineros públicos y hoy son objeto de auditorías y de necesarias investigaciones administrativas y penales.

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