@| En referencia a la nota escrita por ustedes, muy ajustada a la realidad, cabría agregar algunas consideraciones.

Desde hace unos 2 años se vienen repitiendo en Montevideo los episodios de la ocupación de pensiones. Al principio fueron inmigrantes dominicanos y últimamente cubanos. Se trata de ocupar la pensión, bajo diversos pretextos (falta de limpieza, salubridad, habilitaciones etc.), y a sabiendas que nada puede hacer el propietario en el corto plazo, quedarse el mayor tiempo posible sin pagar. Estos inmigrantes por lo demás, un público complicado y difícil. Ya se sabe de diversos incidentes en varios barrios de la ciudad con vecinos hartos de los ruidos, gritos, fiestas en la vía pública con abundante alcohol y drogas, etc.

En lo personal, tuve un emprendimiento de este tipo en pleno centro y puedo hablar con propiedad. Los huéspedes, una parte importante de ellos, una noche si y otra también protagonizando fiestas de alcohol y drogas, tanto que hubo que llamar en reiteradas ocasiones a la Seccional 2a. (Desórdenes, gritos y amenazas a los encargados). Después de la 5a o 6a vez, el agente que vino avisó que ya no iban a venir más, porque "esto no es problema nuestro". Esta gente amenazó y posteriormente golpeó a la encargada provocándole lesiones en un brazo que la tuvieron varios meses sin trabajar. Se hizo la denuncia policial y judicial correspondiente, a la vez de tener la certificación del médico forense. Pero nada pasó. Se pusieron de acuerdo entre todos, y asesorados por el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, hicieron diversas denuncias mediáticas. Pero de la pensión no se iban. En definitiva todo era una parodia, cuyo fin último era poder quedarse sin pagar. Y lo lograron. La Policía nos dice que es un tema de la Justicia. Se hizo una denuncia en la Fiscalía, y aun cuando en la ocupación habían amenazas y lesiones denunciadas, la Fiscal nos dice "no hay delito".
“Recurran a un desalojo civil o al juzgado de Faltas". Eran más de 100 personas ocupando. Un desalojo civil puede llevar entre 6 meses y más de un año. Todo eso, generando unos 15.000 dólares de pérdida por mes en mi caso. El Juzgado de Faltas, pese a que esto está tratado expresamente en el artículo 7 de la ley 19.120 , estudió la denuncia y no le dio trámite.

Conclusión, llevó casi un año de trámites poder desalojarlos por la vía civil. Las pérdidas fueron del orden de los 120.000 dólares. También se perdieron 5 fuentes de trabajo, de gente que hasta el día de hoy permanece desocupada. Una auténtica pesadilla.

Hay varias preguntas por hacer. ¿Es que no hay forma de proteger el derecho de propiedad en Uruguay? Vemos pequeñas y micro empresas que por invertir en nuestro país son llevadas impunemente a la quiebra ante la inacción de las autoridades. Puestos de trabajo que se pierden. Deudas que se generan y se tornan impagables (BPS, UTE, OSE, alquileres, impuestos).

Personalmente soy favorable a la apertura del país a los inmigrantes. Pero, ¿son este tipo de inmigrantes los que está precisando nuestro país? ¿Quién se animará a invertir en estas condiciones?