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Patrimonio subacuático


@| La búsqueda de tesoros forma parte del imaginario universal desde temprana edad, siendo propio de la naturaleza humana la curiosidad que despierta conocer el origen de los mismos, así como la trama que desembocó en su descubrimiento.

Con el pasar de los años, se advierte que alcanzar tales hallazgos exige, no sólo acceder a mapas de su supuesta ubicación, sino además mucha información y conocimientos arqueológicos, constancia y esfuerzo así como capital, para asumir los muy elevados costos de tales expediciones.
Debe tenerse presente que el Estado a través de la Comisión de Patrimonio y demás organismos públicos que actúan dentro del límite de sus atribuciones legales, será también socio e interesado en el resultado de estas empresas.

Socio muy especial, ya que sin mayores riesgos será acreedor del cincuenta por ciento de lo obtenido por los rescatistas y podrá decidir el destino final de las piezas objeto de los hallazgos, que se encuentren en sitios de propiedad nacional.

Sabido es que se requiere un temple especial para asumir este tipo de empresas, cuando el Estado, tiene siempre a su favor las prerrogativas que la ley le otorga y por sobre todo, el tiempo (valor inapreciable si los hay).
Bueno es recordar que nuestro Código Civil, ya regula lo referente a esta materia en sus artículos 721 y 722 y leyes posteriores y Convenciones Internacionales como la de la UNESCO de 2001 (ésta aún no ratificada por nuestro país), pretenden establecer un marco normativo apropiado para el hallazgo, la conservación y final disposición de estos bienes patrimoniales.
La noticia de un acuerdo al que habría llegado el Ministerio de Defensa Nacional en el año 2018, con los familiares del fallecido buzo Héctor Bado, para dividir en dos partes más de cinco mil piezas halladas en el naufragio de dos buques históricos (el “Agamemnon” de 1809 y el “Salvador” de 1812) en las costas de Maldonado (muy cerca de Punta del Este) no deja de preocuparnos, ya que ofrece algunas debilidades que sería bueno corregir.

Por un lado, la larga disputa entre los rescatistas y el Estado llevó casi dos décadas, tan es así que ni el propio buzo, fallecido hace tres años, llegó a ver el resultado de su hallazgo y por otro, la formación de los lotes de los objetos encontrados y su destino final, debiera ser objeto de análisis e informes por técnicos especializados, que puedan evaluar cuáles de ellos debieran preservarse debidamente en museos, para su estudio y el disfrute de visitantes, que generaría a su vez, posibles ingresos a las arcas públicas. Cierto es que al parecer, siempre se corre de atrás en estas cuestiones por falta de rubros, pero más de un museo del primer mundo y asociaciones científicas internacionales, disponen de recursos para patrocinar estos proyectos y asumir los costos que insumen este tipo de tareas. Cuando no –como en el caso del Águila de bronce con la cruz gamada del Graf Spee, realizado en Febrero del año 2006 - influyen otras cuestiones de carácter político y posibles presiones internacionales, que retardan las definiciones sobre su destino, y las diferencias deben saldarse en los estrados judiciales, donde se produce otro gran desgaste.

Mientras tanto, ni el Estado ni los autorizados a extraerla del fondo del Río de la Plata o sus actuales sucesores, pueden disponer de lo que se obtenga por esa y otras piezas históricas. Se impone establecer una política clara en lo que a este tipo de autorizaciones de búsqueda se refiere, estableciendo tiempos razonables para ambas partes que se involucran en estas empresas, cumpliendo en todo caso los términos contractuales.

Ello sin perder de vista el interés nacional, no sólo en obtener recursos, sino en lograr preservar patrimonio original que además de enriquecer el acervo de nuestros museos, sirva para el conocimiento de nuestro pasado y la promoción de nuestros sitios de interés histórico, que hace también al turístico del mejor nivel.

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