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Operativos policiales


@|Tal como fuera explicitado en la campaña electoral, el nuevo gobierno de la República asumió hace pocos días, la responsabilidad de “hacerse cargo”, entre otras cosas, de la muy pesada herencia que recibe del anterior gobierno, en materia de seguridad pública.

Con la presencia de todos los nuevos Jefes de Policía de nuestro país y de las más altas autoridades del Ministerio del Interior, el Presidente de la República brindó los lineamientos a cumplir por las fuerzas del orden, en el marco de la Ley. Aumentó notoriamente la presencia policial en las calles y en los espacios públicos, implementándose patrullajes y requiriéndose documentos. La ciudadanía ha ido notando esa presencia y en lugares donde hacía mucho tiempo que la fuerza policial ni aparecía, se notó este cambio. Sin lugar a dudas lo peor que sufrió la ciudadanía fue esta suerte y supuesta de “anomia” (ausencia de normas) que benefició a delincuentes y mal vivientes en perjuicio de la mayoría de los habitantes.

Empeñados en justificar los delitos por las razones “socio económicas”, las autoridades del anterior gobierno –pese al notorio incremento de recursos destinados a la fuerza policial- descuidaron la defensa de los derechos humanos básicos, contenidos en el artículo 7 de la Constitución de la República, (refieren a la vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad) y dejaron de aplicar la normativa existente por razones evidentemente políticas (ingresando en esa “anomia”) que supusieron, tanto el notorio incremento de los delitos (rapiñas – esto es hurto con violencia- y homicidios) como la pérdida de calidad de vida, de la mayoría de los habitantes de este territorio, quienes para proteger su persona y sus bienes, debieron enrejar sus propiedades y asumir costos de alarmas y vigilancia privada, en razón de la ausencia cuando no la ineficacia de la actividad pública en esta materia.

Esa pérdida de calidad de vida en las ciudades, también se reflejó en la imposibilidad de disfrutar de los espacios públicos, invadidos por quienes bajo influencia de drogas o alcohol, literalmente se “apropiaron” de espacios públicos o parte de bienes privados para dormir o hacer sus necesidades, sin que ninguna autoridad se hiciera presente.

Se comenzará a actuar también en esta materia, con la participación del Ministerio de Desarrollo Social. Desde hace unos días, todos los recursos disponibles se volcaron a sus tareas específicas de vigilancia, control, persuasión y las jerarquías policiales y ministeriales se hicieron presentes, tanto en los operativos dispuestos, como en los nosocomios donde se ha debido atender algún efectivo herido.

Por cierto que ya se han alzado voces frentistas en defensa de los “derechos humanos” de los delincuentes o de quienes han sido hallados en infracción a la Ley, argumentando “excesos del Ministerio del Interior” “agresiones” y “abuso de fuerza y malos tratos”.

La casuística en estos casos es enorme y su análisis, excedería los límites de esta opinión. No obstante, es bueno recordar que la autoridad conferida por la Ley y la Constitución, a quienes detentan legítimamente el uso de la fuerza pública, no es negociable, simple y llanamente debe ejercerse con firmeza y probidad, dentro siempre de sus respectivos marcos normativos.

El correcto funcionamiento del Estado de Derecho garantiza los derechos de todos aquellos que perciban o sufran algún desborde de autoridad.
Pero no es posible desatender los derechos de quienes tienen la obligación de hacer frente a la delincuencia.

Los funcionarios policiales deben sentirse orgullosos de cumplir su misión, respaldados por la autoridad a quien obedecen, y la cadena de mando, ejercerse sin fisuras, con eficiencia y efectividad.

La mayoría de la ciudadanía votó por este cambio y espera resultados.

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