@| Éste es condenado por la Cátedra y por todos: hasta por un Legislador del FA que, por su profesión y su conciencia, no quiere ser cómplice de semejante crimen. Pero siguen adelante porque la orden ya la tienen. El Dip. Alejandro Sánchez declaró que buscan a quien comprarle “la mano” que les falta y, como en el “mensalao”, negocian a derecha e izquierda.
¿Y cuál es el delito? Robarle únicamente a 6.300 militares retirados, -usando la Ley, claro-, US$ 40 millones por año durante 18 meses para “ayudar” a Rentas Generales: la obligada por la Constitución. La excusa es que la “Caja Militar” tiene déficit. Nos quitarán lo que durante 36 años, y ya jubilados, la ley nos sacó del sueldo o pasividad: fue para que el SRPFFAA (la “Caja Militar” no existe) se encargara hoy solventar nuestra vejez. 

“Es mentira que sólo la Caja Militar tiene déficit. Todas las Cajas tienen déficit”, dijo públicamente el senador Mujica. ¡Esa es la única verdad! El del BPS, por ejemplo, hoy aparenta ser menor que el real. Es porque desde 2008 todos los jubilados lo subsidiamos con $ 44.420.875.900 del IASS: unos US$ 294.000.000 al cambio promedio de cada año. Los denostados militares contribuimos con unos $ 7.100.000.000. 

También es mentira que con ese monto van a cubrir el déficit de US$ 400M anuales que denuncian. Los US$ 40 millones que nos sacarán no tapan ni el agujero del ANTEL Arena que se duplicó como en ALUR. Por lo tanto, es mentira que la nueva rebaja será sólo por 18 meses y mientras aprueban 2 únicas medidas: reformar la Ley Orgánica y el Sistema Previsional Militar sin afectar derechos adquiridos. 

Según la Sen. Topolansky, se necesitan 4 aportantes activos por cada pasivo a financiar. El SRPFFAA tiene casi 50.000 pasivos contra 27.000 activos que, según alertan las FFAA y los técnicos, disminuirán mucho antes de que rija el doble impuesto. ¿Y qué planea hacer realmente el Frente Amplio si consigue el voto que “negocia”. 

¿Va a aumentar a 200.000 el Personal activo para financiar las 50.000 pasividades actuales? ¿Va a duplicar el sueldo y los aportes jubilatorios a quienes queden buscando equilibrar las nuevas cifras? ¿Planea un fideicomiso con los cuarteles que quedarán vacíos; o crear una Afap, con nuestra plata; o lanzar una Ancapcoin Uruguay, tipo Maduro, para “bancarizar” a los futuros retirados? 

¿Y tienen un “plan B” por si la SCJ confirme que su ley anti militares (por ahora) viola la Constitución y no es aplicable. Creo que quien dijo la verdad fue el Sen. Javier García en su columna “El impuesto político” en El País del 25/11/17.  

Con 6.310 Retirados recaudarían US$ 40M anuales cubrirían apenas 10% de nuestro déficit, a US$ 6.339 por cada “privilegiado” expropiado. Esto achica muy poco el déficit total del Sistema Previsional. Pero si se expropia sólo a los 42.227 iguales del BPS se junta casi 7 veces más: US$ 267.676.953.
¿Por qué y con qué fin práctico quieren imponernos tamaña ilegalidad? “En conclusión, no es por justicia tributaria, … no es por el monto cobrado, porque ya tributan de acuerdo a ese mont…. Hay una sola razón entonces, y es su condición: ser militares… es un impuesto a la condición de soldado. No es por justicia tributaria, es por una revancha añeja que busca resquicios y argumentos para seguir dividiendo por enfrentamientos de 50 años atrás”.  

No creo que el Dip. Dr. Darío Pérez sea el único Legislador del FA que tiene libertad de conciencia y conoce la Constitución. Si están allí haciendo leyes, todos habrán leído los artículos 8, 67 y 87 de la Carta que hasta un niño de Primaria interpreta. Si leyeron los informes de los Catedráticos, constituye una falta de respeto insistir con una “burrada como ésta contra la opinión de esos expertos. Como Contribuyente y futura víctima, creo que no es lógico ni lícito que utilicen el Poder de Legislar, que pagamos todos, para elucubrar normas ilegítimas en perjuicio de algunos o en beneficio de unos pocos. 

Esto es más grave sabiendo que tendrán vida corta y provocarán perjuicios graves a las personas contra quienes las ilicitudes se dirigen abusando de que no puedan resistirse. Y cuando a la indefensión de las víctimas se suma la fragilidad de su salud en razón de su edad y por la violencia que reciben.
Creo que los Administrados debemos leer un poco más la Constitución y el Código Penal. Será útil saber si pueden hacer lo que se les antoje con los Derechos de quienes habitan en el territorio de Uruguay.