@|Recién cuando toma estado público una situación de violencia en un establecimiento de reclusión (en este caso un grave enfrentamiento entre los reclusos considerados “peligrosos” del COMCAR, que ocupan los módulos 10 y 11 del complejo penitenciario), es que prestamos nuestra atención a la muy compleja situación en la que viven personas privadas de libertad. Dejamos por un momento de lado nuestra habitual indiferencia y nos asomamos como espectadores -un tanto morbosos- a las imágenes televisivas de una realidad que no es la nuestra y que la advertimos como muy lejana. Escuchamos las declaraciones del Comisionado Parlamentario de Cárceles que desnuda con preocupación, una situación “inmanejable” y “casi imposible de gestionar” dentro de un establecimiento en el que conviven a diario casi 3.800 reclusos y que no cuenta siquiera con el personal suficiente para controlarlos. Muchos de ellos, bien podrían haber purgado su pena con “trabajos comunitarios” y otros debieran ser rehabilitados en sus adicciones cuanto antes, para controlar en algo su violencia.

Sin perjuicio de reconocer que algo se ha hecho, y que existen buenos funcionarios que ponen todo de sí para mejorar algunas situaciones, el balance es altamente negativo.

El hacinamiento y el ocio, junto con las deplorables condiciones sanitarias en que viven los privados de libertad, transforman ese lugar en un verdadero calvario.
Por cierto estamos muy, pero muy lejos, de cumplir con el mandato de nuestros constituyentes que, en el párrafo segundo del artículo 26 de nuestra Carta Magna, establecieron: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Esta máxima, se ubica luego de consagrar en el mismo artículo que “a nadie se le aplicará la pena de muerte”, derogación por la que tanto trabajó el insigne Dr. Pedro Figari, apuntando al supremo valor de la vida y a los posibles errores de los fiscales al formular su acusación y de los jueces, al dictar sus sentencias.

Por ello es que, entendemos que, para quienes son inocentes o para los “recuperables”, a la pérdida de libertad se suman otras sanciones conexas, como tener que sobrevivir en las condiciones anotadas, con el permanente temor de ser víctima allí dentro, de una agresión que pueda mutilarlos para siempre o peor aún, arrebatarles su vida. Vida que el Estado debe preservar como derecho fundamental y de primera generación.

Debieran asignarse mayores recursos a estos establecimientos y realizar por personal técnico idóneo, una evaluación psicosocial de cada uno, así como implementar talleres tendientes a lograr su verdadera rehabilitación.
Sabemos que nuestra sociedad está muy cansada de tanta inseguridad y se encuentra impotente frente a la impunidad con la que actúan quienes delinquen, cada vez con mayor violencia. Hemos oído incluso voces que piden hasta el restablecimiento de la pena de muerte. Y es entendible.

Culpan ligeramente “a la Justicia” y a la “falta de Derecho”, cuando lo que falla -muchas veces- es el criterio de quienes tienen que aplicar la Ley sancionatoria y concebir políticas ajustadas a la realidad en que vivimos, de acuerdo con los principios establecidos en nuestra Constitución Nacional, ni más ni menos. Y que cada quien, asuma de una vez por todas sus responsabilidades.