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Muertes evitables


@|Se han dado a conocer en las redes diversas opiniones de profesionales, políticos y ciudadanos que hablan de las “muertes evitables” y de hacer responsable al Gobierno de las mismas. Incluso hay quien plantea denunciar a Uruguay en los ámbitos internacionales por la omisión del gobierno en implementar medidas más duras de restricción de la movilidad.

Los organismos internacionales serían, por ej., la CIDH, la Corte Interamericana y la Corte Penal Internacional.

La CIDH es un órgano de protección de los DDHH previsto en el Pacto de San José de Costa Rica, pero no tiene carácter jurisdiccional. Además, para acudir a esta instancia se deben agotar las instancias jurisdiccionales internas del país.

La Corte Interamericana sí tiene jurisdicción sobre estos temas pero es preceptivo el pasaje por la CIDH. De manera que, dada las demoras burocráticas en cada una de las instancias, la resolución final puede llevar varios años. Por lo cual, seguramente la pandemia ya sea historia el día que se emita un veredicto.

Por último, la Corte Penal Internacional no juzga gobiernos sino personas que por diferentes razones no pueden ser juzgadas en sus propios países, como es el caso de Maduro en Venezuela. De manera que, en esta eventualidad, se debería elevar una denuncia contra el Presidente Lacalle Pou y/o a algún miembro del gobierno. Sin embargo, hay un dato que se debe tener en cuenta, la CPI juzga personas por la comisión de crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. Parece utópico intentar armar un caso contra algún representante del gobierno por alguno de estos delitos.
Podríamos acusar también al gobierno de ser culpable por no hacer todo lo posible para evitar las muertes por accidentes de tránsito, por ahogamiento en las playas en verano o de los homicidios por violencia doméstica. Todas tienen en el fondo circunstancias comunes: son pandemias y dependen de la (in)conducta humana. Entonces, ¿por qué no acusar a los gobiernos de los últimos 35 años por estas muertes “evitables”?

La contagiosidad del virus es altísima. Es interesante anotar que países económicamente poderosos (Alemania, China, EE.UU., España, Francia, Italia, UK, etc.) con sistemas sanitarios reconocidamente eficientes y alta vigilancia sanitaria, fracasaron en controlar la epidemia. Estos países han aplicado “lockdowns” con cada nueva ola del virus y sin embargo no han podido evitar una enorme cantidad de contagios y de muertes.

En el 2020 hubo una respuesta espontánea de la gente que, por factores difíciles de analizar, respondió y se encerró por unas semanas. Es prácticamente imposible saber en qué medida ese lockdown voluntario determinó la buena evolución de la pandemia durante el año pasado. De la misma manera, no podremos saber cómo hubiera impactado en esta primera ola que desde marzo nos está azotando.

Lo que sí sabemos es que la gente ya no quiere más encierro y que si se hubiera impuesto una cuarentena no se iba a cumplir. También sabemos que este gobierno no está dispuesto a usar la fuerza para enclaustrar a los ciudadanos.

Es un problema de libertad responsable y de dignidad.

Se debe entender que la mayoría de la gente necesita ganarse el sustento para llevar el pan a su mesa. Y esa “necesidad” no se puede canjear por una renta básica, es algo que va más allá de recibir dinero del Estado, tiene que ver con la satisfacción de no deberle nada a nadie, de ganarse el sustento con el trabajo. Y eso no hay pandemia que lo pueda conculcar.

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