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Ministros en campaña electoral


 Ministros, muy pocos de ellos han solicitado licencia en sus tareas de gobierno para dedicarse plenamente a intervenir en la campaña electoral. Si bien no existe en nuestra Constitución una prohibición específica que le impida participar en política a los Secretarios de Estado, la línea entre el Derecho y la Ética, resulta muy pero muy fina.

Lamentablemente, se ha podido comprobar que, algunas conductas de estos encumbrados funcionarios públicos, empeñados en defender su gestión de gobierno y conservar el poder, se presentan como totalmente inapropiadas cuando no lisa y llanamente ilícitas. Así junto al uso de la página web de la Presidencia de la República, la utilización de los espacios publicitarios de la Ley de Medios, cuando no los propios vehículos oficiales y despachos, han sido empleados sin pudor alguno para fortalecer la campaña y alcanzar el “cuarto gobierno del Frente Amplio”. En algunos casos, la flagrante intervención de algunos de ellos para desacreditar candidatos opositores o propuestas técnicas, alcanzan ribetes hasta ofensivos. Y en la desesperación por mantenerse en el poder y seguir gozando de las prebendas que su cargo trae consigo, no dudan en insultar, denigrar o denostar tanto a personas como instituciones a las que los vinculan, para luego ensayar disculpas cuya sinceridad, ningún ciudadano cree.

La inmoralidad del proceder de alguno de estos funcionarios resulta flagrante, y sus ironías, dictadas desde la soberbia que les confiere su impunidad, resultan hasta cómicas si no fueran trágicas, para la vida y los principios republicanos de nuestro Estado. Porque desde su burbuja, pontifican y opinan contra las personas y propuestas de los candidatos de la oposición, y prometen “hacerlo mejor”, cuando han transcurrido casi quince años sin que supieran hacer lo que prometieron. Pretenden asustar a los beneficiarios de planes asistenciales, a trabajadores y a jubilados con la pérdida de los derechos logrados, como si con ellos hubieran sido inventados. Confunden maliciosamente a ese sector de la ciudadanía que recibe planes de asistencia sin contraprestación alguna, que tienen una muy pobre formación y que en su atroz dependencia, no han logrado salir de la pobreza. Ni se les ha estimulado para que pudieran superarse con su propio esfuerzo. Han dispuesto de recursos presupuestales como nunca antes y sin embargo han gastado muy mal, cuando no ilícitamente, el dinero que les ha entrado a raudales. Se vive en la inseguridad, falta el empleo y la educación pública ha retrocedido a niveles jamás pensados dada la prestigiosa tradición de nuestro Uruguay en la materia. Han violentado los Derechos Humanos más elementales, o llamados de primera generación, como son la Vida, la Libertad y el Trabajo, sin que se les mueva un pelo. Insisten en sostener que las auditorias y pedidos de informes “tienen una clara intencionalidad política”.

Mientras, atornillados a sus poltronas hasta el último día, ensayan intervenciones para favorecer los planes y políticas que han llevado adelante, porque sienten íntimamente al mirarse al espejo, que no cumplieron con lo que prometieron, que le fallaron a la ciudadanía, y que en las urnas, dentro de poco tiempo, tendrán la cierta probabilidad de perder y tendrán que alejarse del poder. Luego vendrán las necesarias auditorías y cada uno tendrá que responder -por acción o por omisión- según haya sido su desempeño en el manejo de la cosa pública que se les confiara. Ni más ni menos.

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