@|Si bien la Ley de “zonas protegidas” 17234 fue creada para contribuir a la conservación ecológica del planeta, se está tratando de aplicarla de una manera muy alejada del concepto que motivó su ingreso al cuerpo de leyes de nuestro país.

Dicha ley fue promulgada y reglamentada durante el transcurso de los dos últimos gobiernos colorados, y su normativa no establece una casuística previa para acciones concretas como por ejemplo la plantación de eucaliptos y el engorde de ganado a corral, actividades éstas que pretenden prohibirse. De la no prescripción expresa de la ley se debe inferir naturalmente que la aplicación de la misma depende de evaluaciones técnicas que, con referencia a las susodichas actividades concretas pretendidamente proscriptas, no han sido de recibo. Hay opiniones técnicas que sostienen lo contrario. 

El texto de la ley generaliza, razón por la cual se debe interpretar el espíritu de la misma. Es obvio que el beneficiario indirecto de la protección a la biodiversidad es el propio ser humano. O sea que, el espíritu de la ley está dirigido hacia lo antropológico. Por lo tanto, increíblemente se está tratando de impedir el equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza con fines “políticos” porque, el remedio nunca puede ser peor que la enfermedad. Se impide la plantación y explotación de eucaliptos ocasionando un gran perjuicio económico, a pesar de que dicha actividad se puede realizar respetando el monte indígena y sin ocasionar ningún otro daño. El propio Estado así lo ha entendido para todas las zonas oficializadas como de aptitud forestal, al igual que la de Centurión, que también había sido incluida. Tan es así que, en esta última existen varias explotaciones de eucaliptos. Ellas posibilitan hoy probar si son dañinas o no para la biodiversidad. ¿Y que hay del resto de los bosques implantados en el resto del país? ¿No afectan ecológicamente a las tierras respectivas? Es infinitamente más crítica la convivencia entre la biodiversidad y las plantas de celulosa. Sin embargo el gobierno las autorizó aún con el agregado de que pueden contaminar a la población. Lo hizo en el entendido de que las empresas tomarán las precauciones apropiadas. ¿Por qué no se da el mismo trato a los productores rurales? Porque existe una inquina y un rencor enfermizo y vengativo por parte del comunismo gobernante.

Retomando el tema de la ley en cuestión, es bueno decir que, la misma prescribe a texto expreso que en caso de no estar de acuerdo el propietario del padrón involucrado a ser afectado por la “zona protegida”, el mismo deberá ser expropiado. Hay antecedentes para esa eventualidad, originados por las expropiaciones correspondientes a la construcción de las represas hidroeléctricas. Se pagaron instalaciones, viviendas, alambrados, praderas, chacras etc. además del precio de la tierra.

¿El gobierno está dispuesto a tal erogación en el caso de que los dueños de las 37.000 Hás. de Centurión perjudicadas se nieguen a aceptar la arbitraria “protección”? Habida cuenta de los quebrantos, corruptelas, desfalcos, etc. y sus cifras que todos conocemos, en comparación sería una ganga para el Estado pagar una centena larga de millones de dólares. Aunque es evidente que siendo objetivamente una suma importante merecería un destino más razonable. Pero es difícil que el chancho chifle.

¿Cómo les hacemos entender a estas personas que, si desmantelan al Sector Agropecuario con esta embestida y otras ya conocidas, no hacen más que desarmar al país económicamente? Su anacrónica pretensión queda en evidencia sólo con mirar hacia Rusia, China y Europa Central, otrora exponentes asiduos del hoy perimido comunismo que pidieron pase para El Capital. Envidiar y desear los bienes del prójimo es un pecado.

Finalizando, nos enteramos tardíamente de que en una tal ley reciente de urgencia fue eliminado el consentimiento indispensable de los dueños de campos afectados que establecía la Ley 17234 para ser agregados a la zona protegida. Tamaña acción canallesca hace que nos preguntemos: ¿Cuál es el tope de lo indigno para esta gente?