@|Probablemente para muchos pase totalmente desapercibido, pero en este mes de octubre se cumplen 25 años de la ley N° 16.426 de 1993, que puso fin a 82 años de monopolio estatal en el mercado de seguros.
La ley N° 3935 que creó el Banco de Seguros del Estado y estableció el monopolio en su favor en el año 1911, fue promulgada por el entonces presidente José Batlle y Ordóñez, quien emprendería la tarea de concretar las reformas estatistas que no logró implementar en su primer mandato (1903-1907). 

El Partido Nacional, ocho décadas después de aquel atentado a la libertad, le devolvió a la iniciativa privada la posibilidad de satisfacer las necesidades de los consumidores que hasta entonces eran rehenes del Banco de Seguros del Estado. Se pudo convertir en ley una cirugía que extirpó al aparato estatal uno de sus brazos opresores sobre la libertad de contratación y de empresa, con el cual el batllismo sujetó a los contratantes de seguros durante 82 años. 

Indudablemente esta reforma liberalizadora fue fruto de la perseverancia del Presidente Lacalle y su equipo, ya que el año anterior, el estatismo había logrado derogar en referéndum los artículos sustanciales de la llamada ley de Empresas Públicas. Dicha iniciativa intentó alivianar el peso de las vacas sagradas del estatismo (siempre gordas a costillas de los contribuyentes). 

Los beneficios de la libre competencia entre las diferentes aseguradoras privadas y el BSE están a la vista de todos. Lo mismo aplicaría para cualquier mercado actualmente intervenido por la violencia estatal que priva a sus administrados de celebrar contratos libremente y reprime la libertad de empresa. Desde el año 1931, eso sucede con Ancap y su nefasto monopolio, que debería ser derogado cuanto antes, ya que además de atropellar la libertad, supone un gran obstáculo para la prosperidad del país. 

El último gobierno del Partido Nacional supo reducir el peso del Estado para devolverle a los individuos parte de la libertad arrancada por el estatismo.

Conmemorar el aniversario de esta medida liberal sirve de impulso para marcar el rumbo del futuro gobierno, que tendrá la difícil tarea de revertir la pérdida de libertades del sector privado, asfixiado por las regulaciones y los tributos que impuso el Frente Amplio en sus tres gobiernos.