@| Hace ya muchos años se acentuaban las bases del estado de bienestar; esta idea de que el estado se tiene que hacer cargo de cada vez más aspectos de la vida de las personas y tomar decisiones por ellas. ¡Claro! ¿a quién no le gustaría disfrutar los beneficios de la adultez sin las obligaciones de ser un adulto?

Todos en algún momento de la vida nos vemos sobrepasados de trabajo, problemas, deudas, mal de amores, y un sinfín de cosas. Vemos ejemplos todos los días y hemos escuchado historias de nuestros amigos. Personas con adicciones a las drogas, pobreza, falta de trabajo, problemas con la educación, salud, arte, preservación de la cultura y muchas cosas más que le hemos, en mayor o menor medida, delegado al estado, para que cada uno de nosotros ocupemos el tiempo en actividades de mayor orden.

La falta de responsabilidad de las nuevas generaciones (y que las viejas también acarrean) se ve cada vez más y más. Ya nadie se preocupa por la limpieza o integridad de su vereda, ya nadie se guarda los papeles en el bolsillo en vez de tirarlos en la calle; y es que como pagamos impuestos para que otros lo hagan empezamos a perder esas responsabilidades mínimas de convivencia.

En cuanto a educación, uno de los reclamos es que el estado debe asegurar el derecho a ésta y la igualdad de oportunidades, cosa que, si nos ponemos a analizar, cae por su propio peso. La igualdad de oportunidades tiene 2 formas de emparejarse, hacia abajo o hacia arriba. Si bien la escuela pública, en su momento, fue un salto enorme para la alfabetización de Uruguay hoy en día es necesario replantearse esta idea, ya que, si miramos bien, aquellos niños, adolescentes y adultos que pueden pagarse un instituto privado (que en la mayoría son de mejor calidad que los públicos), como las universidades y los colegios, ya tienen una ventaja por sobre el resto, es decir, una mejor oportunidad. Diversos estudios han mostrado incluso que los públicos de gestión privada tienen un índice de repetición mínimo, comparable con Finlandia.

Uruguay ha llegado a un punto en dónde el estado debe apartarse de la enseñanza y dejarla en manos de privados, en libre competencia, por medio de un sistema ya probado en el mundo y muy bien aceptado: el sistema de vouchers.

Desde el punto de vista de la cultura ya hemos visto como se ha gastado mucho dinero en cosas que no todos estamos de acuerdo, diría, que por un tema de prioridad de gasto.

US$ 2.8 millones en el Museo Gurvich fue más que un abuso, o la falta de interés por las Cartas de José Artigas rematadas recientemente que, si bien la historiadora Ana Ribeiro argumentó que el estado hizo bien en no pujar por ellas, me surge la duda de ¿cuál es el criterio que el estado usa para adquirir uno y no otro? ¿No es el valor subjetivo? ¿Cómo podemos pensar que un grupo de personas puede tener algún tipo de efectividad o buen criterio para decidir cosas por nosotros? Esto solo sería posible, si, quien decide, es omnipotente, omnipresente y omnisciente, es decir, un dios.
No debería de ser pertinente al estado la conservación de la cultura, más si a las personas, a los individuos.

El caso de la Catedral de Notre Dame es un buen ejemplo donde privados, es decir, individuos, empresas y organizaciones se juntaron voluntariamente para financiar la reparación, porque para la sociedad la Catedral debía ser restaurada y estaban dispuestos a asumir voluntariamente los costos. Es la gente, quien debe decidir, voluntariamente, que cosas de su arte y cultura conservar y no el gobierno.

Resumiendo, y volviendo a la idea principal, somos nosotros, los individuos quienes tenemos que tomar la responsabilidad por nuestros actos individualmente y no hacer responsable al conjunto. Delegar aspectos de nuestra vida y no querer asumir la responsabilidad por nuestras acciones haciendo responsable a toda la sociedad, más que un acto de inmadurez es un acto de cobardía. La libertad es tan importante como la responsabilidad que conlleva.