@|Este tiempo pre-electoral está plagado de simplificaciones que distraen y generan un discurso atractivo pero que no aporta nada.

Cuando se habla de achicar el Estado, a muchos les entra un escozor y entonces surgen frases como la del expresidente Mujica “me imagino a una maestra en una clase con sesenta alumnos”, aún sabiendo que la cosa no va por ahí, pero se dice porque tiene un efecto en el público que aparentemente sería lo único que interesa.

Las palabras privatizar o desmonopolizar se han transformado en prohibidas, aunque sin ningún sustento razonable, pero claro, no están en el diccionario de lo “políticamente correcto” y ¡cuidado con quien se atreva a decirlas!

En este tema sería bueno estudiar lo hecho en Suecia por Carl Bildt o en Nueva Zelanda en su momento, pero no es necesario irse tan lejos. Podemos encontrar en nuestra historia reciente ejemplos que nos ayuden a comprender y nos muestren por dónde se debe transitar.

Voy a presentar un sucinto análisis de algo concreto y muy nuestro: la Ley de Puertos de 1992; para tal fin me basaré en datos de expertos en el tema.
Disertación del Presidente del Centro de Navegación, Sr. Mario Baubeta, en la Jornada sobre “Actualización y Modernización de la Aduana”. Allí decía que entre 1992 y 2004, “el Puerto de Montevideo en doce años creció un 258 % y dentro de ese crecimiento el tránsito se incrementó un 713 %”. O sea, dejó de ser puerto sucio y pasó a ser motor de crecimiento del país.

Veamos lo que dice el Ing. Agustín Aguerre en Búsqueda del 10 de julio de 2003. Dijo que en la ANP “desde 1992 hasta 2003 se bajó de 4500 a 936 funcionarios, sin declarar personal excedente. Todo en base a incentivos o a decisiones voluntarias” y también dijo “En estos diez años se cuadruplicó la carga que pasa por el puerto”, “hoy en esta actividad hay 10.000” (empleados) “de trabajo privado” y “se cumplieron diez años sin un solo día de puerto parado y hubo un crecimiento promedio de 12% a 14% anual” y “pese a que el 2002 fue uno de los peores años de la historia del país, la actividad portuaria no disminuyó y pasó de los 30 contenedores por hora a más del doble, los precios se redujeron de 120 a 60 dólares por contenedor y mejoró la calidad del servicio”.

Esto, a todas luces, demuestra lo exitosa que es una gestión que por supuesto en su momento fue tildada de “liberalismo” y “privatizadora” por la oposición de 1992, pero cuando fueron gobierno no solo la continuaron porque les convenía, sino que la expandieron e hicieron bien.

Se imagina el lector si esa rebaja de precios en lugar de ser por contenedor en el puerto, fuera del litro de combustible en el surtidor, o del kilowatt/hora en el contador de nuestras casas, ¿cuánto habría cambiado la vida de cada uno de nosotros? Pero las reformas de Ancap y UTE no se pudieron concretar por los palos en la rueda puestos en su momento.

Por eso cuando se sale a sacudir el cuco del liberalismo en una simplificación malsana, si para muestra basta un botón, están estos “hechos y no palabras” de la Ley de Puertos que sin duda fue una de las más importantes bases del crecimiento de nuestro país.

Podríamos hablar también de la Ley Forestal o tantas otras.

No hay que temer al achique y la austeridad en el Estado, hay que temerle al despilfarro y la corrupción.