@| En oportunidad de la promulgación de la Ley 19.874 del 8 de abril de 2020, puntualmente su Art. 7, preveía la creación de un gravamen adicional al IASS, estableciendo: “En ningún caso el monto de las jubilaciones, pensiones, retiros militares y policiales, o prestaciones de pasividad similares líquidas, una vez deducidos el aporte al sistema de salud correspondiente, el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social y el impuesto que se crea, podrá ser inferior al mayor de los siguientes montos: I) $ 100.000 (pesos cien mil) líquidos mensuales. II) El líquido resultante del mayor ingreso de la franja anterior conforme a la liquidación de una persona física sin dependientes ni otros familiares a cargo a efecto de los aportes personales al Fondo Nacional de Salud. El producido del impuesto establecido en el presente artículo será destinado íntegramente al Banco de Previsión Social”.

Lamentablemente, en esa oportunidad, el legislador no tuvo en cuenta el gravamen que tributan alrededor del 48% de los pasivos bancarios (9.000 entre jubilados y pensionistas en un total de 18.700 pasivos), en cumplimiento del Art. 31 de la Ley 18.396 (Reforma de la Caja Bancaria), ya que al momento de aplicar el impuesto de la Ley 19.874, una indeterminada cantidad de pasivos bancarios percibieron efectivamente haberes líquidos inferiores al límite de $ 100.000- por no poder deducir dicho impuesto de los haberes líquidos, quedando estos por debajo del mínimo de $ 100.000-.

Ello generó que la sumatoria de todos los gravámenes produjera que los ingresos líquidos alcanzaran alrededor de 1/3 de las pasividades nominales.

Es de esperar que en oportunidad de la redacción de la nueva Ley que se anuncia, cuyo destino y objetivo será similar a la dada por la Ley 19.874, se subsane esta omisión y el legislador tenga en cuenta los elementos expuestos que generaron una situación seguramente no deseada, pero que devino durante dos meses en un deterioro de los ingresos líquidos de la masa de los pasivos bancarios antes mencionados.