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Lenguaje inclusivo



@|El lenguaje inclusivo de la IMM- entre lo ridículo y la imposición.
“Por resolución 29.40/10 del 5 de julio de 2020, se declara preceptivo el uso del lenguaje inclusivo en todos los actos administrativos y comunicación institucional de la Intendencia de Montevideo”. (El País 13 de Julio de 2020). Asimismo, se informaba que se aprobaba por resolución 1257/16 la propuesta en ese sentido del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales.

En el Libro de Estilo de la Real academia española (RAE 2018), se establece que no se aceptan símbolos o grafías en los hispanohablantes que resulten bajo la muletilla de “inclusivo”. Académicos de la lengua sostienen que: - “la prescripción académica rechaza el uso del símbolo de la arroba o las grafías e-o-x como seudo morfemas flexivos pretendidamente asexuadas en escrituras”.

El idioma se enriquece permanentemente con expresiones de todas las regiones. Sin ir más lejos, en nuestro país hay zonas donde se usan antiguas palabras españolas y hasta el modo de hablar y otras en las que se habla una suerte de idioma bilingüe. La Real Academia, reconoce y eventualmente admite expresiones que son regionales y hasta locales, incorporándolas a la lengua. Pero una cosa son las variantes en español y otra es la incorrección gramatical que desnaturalizan y empobrecen la lengua.

Es obvio que se está intentando forzar el lenguaje por razones ideológicas. Lo que no se considera es que se está agregando un problema adicional al que ya tiene nuestro país en cuanto al uso del idioma; demostrado en pruebas nacionales e internacionales, en las que se ha constatado que estudiantes de bachillerato, no logran interpretar un texto simple de lectura, siendo los más afectados aquellos pertenecientes a los quintiles más carenciados de la población.

Desconoce el Intendente -exprofeso- que los organismos públicos regulan su competencia por el principio de especialidad; sólo pueden hacer lo establecido por las normas que lo crearon. En consecuencia, ningún organismo público ni gobierno departamental tiene competencia para modificar el idioma.

No puede la Intendencia obligar a notificarse o expresarse a los ciudadanos con ortografía inexistente, que además estimo, no tiene valor jurídico.

La pretendida inclusión no se resuelve agregando símbolos, letras deformadas o dibujos (inventados); y mucho menos imponerlos.

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