@| El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco se despachó a gusto contra el nuevo Código Procesal Penal.

Expone que ese acuerdo entre fiscal y abogado defensor se realiza de espaldas al público, o sea sacando conclusiones de sus dichos en un ámbito impenetrable y ese acuerdo es “palabra santa” ya que los jueces tienen que fallar por un caso que ha sido filtrado de acuerdo a las potestades que el legislador les ha conferido a los fiscales.

Se refiere también a que producto de esos acuerdos (donde el acusado reconoce su delito, pide perdón y le ahorra gastos al estado) las penas en su mayoría son alternativas a la prisión, como ser en domicilios tomando cerveza en verano y con la frazadita y estufa en invierno o barriendo en alguna plaza pública con el celular en la mano.

Era más efectivo cuando la maestra nos ponía en penitencia con la cara contra la pared. La diferencia es que la maestra no transaba, no daba lugar al síndrome de Estocolmo que parece flotar subyacentemente en esos acuerdos, donde los abogados defensores se lucen en todo su esplendor.

Pacheco califica al nuevo CPP de ilógico e irracional saca una conclusión que resulta hasta macabra. Su aplicación tuvo como resultado el aumento de delitos. Entiéndase por delitos rapiñas, lesiones, homicidios, etc.

Lo dice nada menos que un fiscal especializado en crimen organizado, que se supone es hombre de confianza del fiscal de Corte Jorge Díaz quien defendiera a capa y espada el proyecto. Todo ciudadano informado y que razona deduce lo mismo, pero el que lo manifiesta y hace público no es un ciudadano común.

Pero lo más grave es el descargo del ministro “vitalicio” y de nuestro primer mandatario que atribuyen el aumento del delito a la aplicación de ese nuevo CPP cuyas consecuencias impidieron bajar rapiñas al 30%.

Por la boca muere el pez dice el refrán. Estos personajes, conjuntamente con otros dirigentes oficialistas, prestigiosos juristas, sociólogos, periodistas, opinólogos de todo tipo, sin contar a los camiseteros, loritos que todo lo repiten, ¿no son los mismos que nos venden el verso de que aumentar las penas no disminuye el delito? Ahora resulta que para defender sus intereses ¡se dan vuelta como una media y reclaman penas más duras! Incalificable, es el único término que se me ocurre.

Si todos sabemos por la gente que viaja, de la seguridad que se respira en otros lares. Basta con escuchar las audiciones deportivas, en todos los reportajes a jugadores que han emigrado (salvo en países que están como nosotros) nos cuentan que extrañan su tierra, sí, pero que se compensa con la seguridad en que viven. Al que se hace el loco le caen con todo el código nos cuentan.

Ya no quedan tranvías para vender, no hay más informativos para culpar, somos tan poquitos… como alegan los familiares de las víctimas, es incomprensible que no puedan con ellos.

Acaso al que redactó este código, al legislador que lo votó ¿no le pesa en la conciencia las muertes de ciudadanos honestos? ¿No hay una mea culpa? y no me refiero a esas corrientes (que deben haber influido en la redacción del proyecto) de un marxismo vernáculo, benigno que reparten la culpa entre todos. No, esos persiguen un interés claro y definido, me refiero a esos legisladores que al parecer se la pasaron por encima del moño.