Barco a la deriva

Cuando estamos en los albores de la última rendición de cuentas de este gobierno y de una nutrida ronda de Consejos de Salarios, debemos tener presente que para los trabajadores y los empleadores, nada hay más importante que la sustentabilidad de los acuerdos, pues de nada sirve un gran logro hoy si no se puede mantener en el tiempo.

Cuando se habla de justicia social y de la distribución equitativa de la riqueza, no se hace un análisis serio del tema, solo se manejan slogan por parte de los dirigentes sindicales, porque suenan atractivos al oído de sus representados.

Es razonable que los trabajadores no deban esperar a que la torta este horneada para que halla un reparto, pues tienen necesidades impostergables hoy, o que el recipiente este lleno para que exista un derrame sobre el resto de la economía, pero no es menos cierto que de los ingresos brutos que tiene una empresa o el propio Estado, más del 50% se distribuye en salarios y un 20% más, por lo menos, en leyes sociales, que van directa o indirectamente en beneficio de los trabajadores y que se deben desde el primer día de instalada una empresa.

Del 30% restante se deben de pagar los impuestos, tarifas, gastos de funcionamiento, insumos y la renta del capital invertido, siendo esto último lo único variable, pues lo demás es absolutamente rígido.

Cuando se reducen los ingresos, los gastos fijos crecen porcentualmente y la utilidad del capital es cada vez menor hasta desaparecer y transformarse en negativa; cuando una empresa esta en rojo y deja de ser sustentable el paso siguiente es el cierre, donde se perjudican todos, los trabajadores desempleados, el Estado que deja de recaudar, los proveedores y el empresario que en una liquidación siempre pierde.

Se habla de flexibilidad laboral, pero lo que debe de existir es flexibilidad de todos los gastos fijos, no solo las laborales, quizá éstos deban se los últimos en ajustarse a la baja en épocas de crisis, pero no se puede hablar de rubros rígidos cuando los ingresos que los sustentan son variables.

Para que esto sea posible debería existir un Tribunal o Superintendencia Comercial, que audite los balances de las empresas, con normas claras donde se determine los distintos porcentajes que deben de tener los diversos componentes del presupuesto de las empresas, los que subirán o bajarán proporcionalmente, recomendando correctivos y hasta el cierre de una empresa inviable, minimizando los daños.

Otro capítulo es la actitud sindical, profundamente ideologizada, que pregona la lucha de clases, con el fin de hacerse con el mando, sin reparar que el Uruguay es un bote que para llegar a destino debemos remar todos juntos, pues si vivimos disputando el control desconociendo que el timonel fue elegido por la mayoría, lo más probable es que terminemos hundiéndonos o por lo menos nos superen todos y quedaremos últimos mientras seguimos echándole la culpa al otro.

Hoy tenemos una profusa legislación laboral que se ha ido forjando a lo largo de nuestra rica historia, incluso antes de ser un país independiente, pero que se usa para regular los conflictos individuales del trabajo, puesto que las relaciones colectivas están supeditados a la voluntad de los gremios, que se autorregulan, por tanto para ellos no existe ni siquiera la Constitución, es el imperio de la anarquía y lo que resuelve una asamblea de trabajadores, sin importar el quórum, es ley y se debe de cumplir, aunque perjudique a la mayoría, incluso a los que no son parte en el conflicto.

Así nunca saldremos del pantano, mientras el parlamento integrado por varios dirigentes sindicales, dejan hacer y otros para no perder votos miran para otro lado, la oposición incluida, con una ausencia de liderazgo alarmante.