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Lo mucho que nos jugamos


@| El cambio de gobierno es necesario, por muchas y muy buenas razones.
El PIT-CNT, insólitamente, no tiene personería jurídica. Por tanto no está sometida a control permanente alguno. Y sin embargo maneja importantes sumas de dinero de los trabajadores y tiene, como es notorio, un enorme poder sindical. No puede ser así por más tiempo. La central sindical debe someterse a la ley y regularse su actividad y la designación de sus autoridades.

De cara al futuro, en un Estado Social de Derecho como el uruguayo, nadie puede estar por encima de la ley. Tampoco los sindicatos, la elección de sus autoridades y el ejercicio de medidas de lucha. La importancia de su participación en la vida social es demasiado trascendente y significativa. Es a todas luces evidente que, sin normas que los regulen, sin voto secreto y obligatorio para la designación de sus autoridades y la adopción de sus decisiones, no habrá orden ni paz social en nuestro país.

La Constitución de la República, desde 1934, consagra como derecho gremial el derecho de huelga. Pero también indica que la ley, por razones de interés general, reglamentará su ejercicio. Eso no se ha hecho, pese al largo tiempo transcurrido. A la vista están las consecuencias de ese vacío legal. El derecho de huelga, necesario en las relaciones colectivas de trabajo, ha sido concebido como un último y extremo recurso. Jamás como un arma política, manejada irresponsablemente, fuera de contexto y sin agotar previamente instancias de negociación, conciliación y arbitraje. Esta situación debe terminar. Relaciones laborales constructivas, sanas y productivas así lo reclaman.

La grave inseguridad a que estamos sometidos los ciudadanos debe corregirse urgentemente. Para ello es necesario atacar el problema en varios frentes: el funcionamiento de la Policía, el sistema penitenciario y el tremendo deterioro de la situación que se vive en los establecimientos de reclusión, y, por supuesto, la búsqueda con el mayor empeño de la excelencia en el sistema judicial nacional, incluyendo tanto a fiscales como a funcionarios y magistrados. Pero todo ello no debe conducir a dejar de lado una profunda revisión de la actual legislación procesal y penal, a la luz de la experiencia recogida en los dos años de vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal. El nuevo Parlamento contará en su seno con calificados juristas para acometer con decisión una necesaria e impostergable reforma de la normativa vigente. Solo entonces podremos recuperar la seguridad y la calidad de vida que hemos perdido en estos últimos 15 años.

Y la educación, el más importante e impostergable de los problemas a encarar y resolver en los años por venir. En ello se juegan el presente y el futuro. Por fortuna se cuenta con el aporte de calificados técnicos en la materia, ricos en experiencia y conocimientos, así como con el firme consenso de los partidos que conforman la coalición política por el cambio.

Y el cambio, no sin esfuerzo, es posible. Y es ahora. Para que no se castigue más, por arbitrariedad sindical, a todos los niños del Uruguay, dejándolos sin clases por incidentes ocurridos en una sola escuela, en una sola clase, con una sola maestra, por la agresión de una sola madre.

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