@|Esta pandemia provocada por el coronavirus o Covid-19, su altísima peligrosidad, así como la rapidez exponencial de los contagios ha instalado el temor en muchos y en especial, en quienes integran los denominados “grupos de riesgo”. Frente a esta realidad, los Estados han debido responder de acuerdo con el régimen político que los rija, aplicando normas de excepción, las que sin lugar a dudas afectan en distinto modo a sus poblaciones.

¿Cómo equilibrar entonces en un sistema democrático y republicano, los valores que hacen nada menos que al bien común, interés público o interés general (en que todo Gobierno basa las medidas excepcionales que adopte) con el derecho a la Libertad de cada uno de sus habitantes?

En nuestra realidad institucional, la Libertad, es un derecho fundamental no absoluto pero que sentimos ínsito dentro de cada uno de nosotros. Desde aquella frase de Artigas escrita en las Instrucciones del Año 1813 “Se propenderá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable”. Impresionante Instrucción dada a nuestros delegados para que la hicieran saber en Buenos Aires…

Con seguridad, el tema ni se plantea en aquellos Estados donde los derechos de los individuos son permanentemente avasallados y la libertad se encuentra limitada. Allí no existe el derecho de libertad de expresión del pensamiento, ni el de circulación; no se accede a Internet ni se puede -en algunos regímenes- salir de su territorio. Allí el "interés público” muchas veces se confunde con el interés del dictador de turno o el del único partido político que rige ese Estado. Los datos personales de los habitantes se manejan sin protección alguna a su privacidad y la tecnología les permite prácticamente “geo localizar” a todos los afectados o a los integrantes de los grupos de riesgo y hasta advertirles a qué distancia se encuentran de una persona infectada, so pena de sanciones.

En otros Estados, donde rige lo último en tecnología digital, encontramos que se aplican desde “vallas virtuales” a programas informáticos que permiten localizar a una persona y hasta poder notificarla. Estos aseguran que, sólo será utilizada la información para esta emergencia en particular, “borrándose” luego todos los datos. Nuevamente enfrentamos el problema de la libertad y la privacidad de nuestros “datos personales o sensibles” (vaya si lo son los que refieren a cuestiones de salud).

La línea es ciertamente muy fina entre ambos valores que buscamos defender.

El miedo producto de la ignorancia, resulta ser mal consejero al tener que decidir entre un valor y otro. La acumulación de datos personales o sensibles -con la excusa de velar por el interés general- puede acercarnos a un Estado policíaco y llevarnos a una pérdida de derechos.

Debiera actuarse dentro de un marco normativo pre establecido por el Poder Legislativo y exigirse que existan organismos de contralor independientes, que garanticen el correcto uso de esos datos por el Poder Ejecutivo, para la aplicación de políticas de salud pública, respetando en todo caso el anonimato y la privacidad de quienes los brindan.

Se trata de la Libertad y del necesario equilibrio que debe lograrse en un gobierno democrático y republicano.