@|A pocos días de instalado el nuevo gobierno, que surgiera de las urnas, luego de un proceso electoral en el que imperó la Ley y la Constitución Nacional, se advierten conductas claramente contrarias a la institucionalidad democrática y republicana, y los uruguayos debemos estar atentos.

Se cumplieron 35 años de la recuperación de la plenitud de nuestros derechos cívicos, al finalizar la dictadura que se iniciara en 1973 y eso nos permite sentirnos orgullosos.

Pero, la institucionalidad se construye día a día, y mal que nos pese, advertimos que las fuerzas que integran el Partido Político que debió dejar de gobernar luego de tres lustros, y alguno de sus encumbrados dirigentes, rechazan profundamente haber sido desplazados.

La repentina “desaparición” de escena, de la legisladora -que luego de afirmar haber visto un título universitario que jamás existió, ejerciera la Vicepresidencia de la República- de la Sala de la Asamblea General del augusto Palacio Legislativo, luego que su esposo le tomara juramento al novel Presidente electo, es un claro ejemplo de ello.

Como trató de justificarse luego, “como no iba a escuchar nada nuevo…” prefirió retirarse de Sala. Antepuso su mezquino interés político, al claro valor de respeto por la institucionalidad republicana, que imponía respetar a quien -pronunciado su compromiso de defender la Constitución y la Ley- se dirigía a todos los legisladores recientemente instalados, y en ellos, a toda la ciudadanía que los había electo, sin distinción de partidos.

Felizmente, el Presidente de la República saliente, tuvo una actitud totalmente distinta en la Plaza Independencia y marcó uno de los momentos más emotivos de la jornada, pues tanto los gestos (el abrazo, la tomada del brazo, el acompañarse) como el aplauso mutuo, significaron mucho para esa institucionalidad que debemos cuidar y preservar a toda costa, por la sencilla razón de que predomine por sobre todo el interés público, el interés general.

Y la vigencia de esa institucionalidad, debe trasmitirse a los habitantes de este suelo, para que comprendan que pese a ser de signos políticos distintos, predomina esa “urbanidad republicana y democrática” que nos distingue.
Nada menos porque “la República” es “la cosa de todos”.

El público nacional y extranjero que concurrió a presenciar el cambio de mando y la colocación de la banda presidencial, así como los miles de televidentes que siguieron la jornada desde sus hogares, debían recibir el mensaje correcto, comprender y comprobar que es así.

Pero lo que de ningún modo puede admitirse, es que ante el pedido de informes del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a los directorios de las empresas públicas, para evaluar el ajuste del precio de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos (salvo la honrosa excepción de la Presidente de Ancap) en su mayoría se hayan negado a responderle.

El mezquino interés político, otra vez presente. El Frente Amplio indicó a “sus Directores” en esas empresas “de todos los uruguayos”, para que no brindaran esa información, y que no se les vinculara por la población, con los aumentos que vendrían.

Sabido es que, los necesarios ajustes que debieron haber implementado en el mes de Enero (como lo hicieron sin pudor alguno en los quince años de sus gobiernos) no los aplicaron, no por “buenos”, sino por pasar la “responsabilidad política” al gobierno entrante.

Olvidan tal vez estos directores frentistas, que son funcionarios públicos y que por mandato constitucional, deben estar al servicio de la función y no de una fracción política.

La razón de ser del ejercicio de su función, no es otra que el interés público o interés general. Debieran ser removidos de sus cargos por violar flagrantemente la Constitución y ser llamados a responsabilidad.