¡Cómo nos cambia la vida!

@|¡Difícil de creer! ¿Qué dice la famosa fuerza política de otro acuerdo del gobierno con otra multinacional y donde seguimos poniendo plata contra promesas de futuras inversiones? 

Según las expresiones del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Sr. Ernesto Murro, este acuerdo con McDonald’s sería beneficioso, ¿para quién? Para darle oportunidad de trabajo a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Aparentemente la empresa emplea a 2.800 jóvenes con una rotación de 1.500 por año y se les permitiría a 600 de ellos ingresar por este sistema. El Estado aportaría el 60% del sueldo a través de “subsidios”.

Desconozco las condiciones de trabajo de estos jóvenes, pero la alta rotación parece indicar que no son muy estimulantes, ya sea por condiciones de trabajo o sueldos pagados. Suponiendo que se pague algo más del salario mínimo, o sea $15.000 mensuales, calculado por 600 jóvenes, en un año, el Estado (o sea Ud., yo y el resto de los uruguayos y uruguayas) tendríamos que aportar unos sesenta y cinco millones de pesos, comamos o no hamburguesas. A cambio la empresa invertirá diez millones de dólares en los próximos tres años, de los que saldrán de su bolsillo cuatro millones, ya que el resto ya sabemos quién los pone… 

Según el convenio, el Ministerio de Trabajo propone a los jóvenes que considera vulnerables y la empresa decide si los acepta o no.
Surge la interrogante sobre ¿quiénes son los “illuminati” del Ministerio que eligen a los “jóvenes en situación de vulnerabilidad”? 

Estamos seguros de que no se elegirá a la nuera o la hija de un dirigente político – para quienes se obtienen “cargos de confianza” que por lo menos triplican lo que esta empresa les ofrecería – pero podrían ser destinados a otro tipo de negociaciones políticas. 

Cabe preguntarse además, ¿cómo luego de trece años de “gestión progresista” puedan existir “jóvenes en situación de vulnerabilidad”? ¿No se creó el Ministerio de Desarrollo Social a esos efectos, no se contrataron asistentes sociales, no se sigue pagando la asignación familiar aunque los niños no concurran a las aulas? 

Es probable que mis cálculos tengan cierto margen de error en cuanto al costo de este convenio, pero en definitiva resulta chocante el hecho de que el gobierno derive una responsabilidad de formación laboral a una empresa que, según la filosofía de izquierda es una de las más puras formas del “capitalismo salvaje”. 

Si se trata de formación laboral, ¿no sería más provechoso que aprendiesen un oficio o una formación académica apoyados económicamente por los cien mil pesos anuales que le estarían otorgando a la empresa por cada uno de ellos? Si se trata de disciplina, ¿no sería más conveniente que ingresaran en algún instituto de formación militar o policial? Si se trata de vulnerabilidad psicológica, ¿no existen programas y funcionarios públicos que los atiendan? Si se trata de desarrollo social, ¿para qué se creó un Ministerio con ese fin y que supuestamente estaría más capacitado que el de Trabajo y Seguridad Social?