@|El ejercicio de la función pública exige por sobre todas las cosas, contracción a la misma y por cierto fidelidad a la institución pública de la que se depende bajo un régimen de jerarquía. Nuestra Constitución declara además que, el funcionario existe para la función y no puede anteponer intereses político partidarios ni menos personales al ejercerla, so pena de incurrir en responsabilidades de tipo administrativo e incluso penal.

La situación que ha tomado estado público sobre el ingreso de un ex funcionario a la URSEC luego de haber finalizado su vinculación con ese organismo, a efectos de retirar documentos y destruir otros, ha llamado la atención. Más cuando uno de sus ex directores ha sido propuesto por el Frente Amplio para integrar el Directorio de la mayor empresa de telecomunicaciones propiedad del Estado como lo es ANTEL, y ese funcionario revestía la calidad de haber sido su “hombre de confianza”.

Las declaraciones del implicado no han resultado del todo convincentes y en la paciente reconstrucción de los documentos “destruidos” al parecer, obra su firma.

Por tanto, no “todos” los expedientes estaban digitalizados y llama a extrañeza tanto el ingreso como la destrucción en la misma entidad, de material que debía permanecer o guardarse a buen recaudo.

Pese a la investigación en curso y a la denuncia presentada por las actuales autoridades, la fuerza política autodenominada “de izquierda”, insiste en mantenerlo como “su candidato” a ocupar un sillón en la empresa de telecomunicaciones. Tal como ocurrió en aquel caso de los Casinos Municipales –únicos en el mundo famosos por dar pérdidas en perjuicio de las arcas públicas- donde el responsable sujeto a un proceso penal siguió siendo defendido a ultranza por su fuerza política… sin que nadie haya podido explicar hasta ahora el destino de esa muy importante “fuga” de dineros públicos.

El caso que nos ocupa tiene que ver con otra “fuga”, esta vez de documentos que llegaron desde la Fiscalía a conocimiento del denunciado… lo que motivó el procesamiento con prisión domiciliaria del funcionario infiel y el intento de suicidio de otro. Todo muy parecido a una realidad de la que creíamos nuestro país estaba lejos. Por el contrario y muy a nuestro pesar, es una realidad que nos golpea y no podemos ser indiferentes a la misma.

Hizo muy bien el Poder Ejecutivo en no enviar la solicitud de venia al Senado de la República y dejar en suspenso ese nombramiento hasta que se pronuncie la Justicia. Entendimos y así lo hemos manifestado en más de una carta de opinión, la importancia de la realización de auditorías. Y ello obedece no al deseo de formalizar una “caza de brujas”, sino al necesario conocimiento -al que como ciudadanos tenemos derecho- a saber en qué forma se manejaron los recursos públicos; esto es ni más ni menos que nuestros dineros que conforman el patrimonio estatal y son de “todos los uruguayos”.

La salud del régimen democrático y republicano parte también de la cristalinidad con que se manejan estos recursos, y luego de tres períodos en el poder, y sin mayores controles, muchos deben haber confundido los conceptos al administrar los mismos.