@|Los desbordes que se constataron en el manejo de las tarjetas corporativas de Ancap, la principal empresa pública y monopólica del país, así como comprobar su desastrosa administración, (que requiriera una capitalización de casi mil millones de dólares para evitar su quiebra) dio mérito a la renuncia de quien detentara años después, la Vicepresidencia de la República.

Su procesamiento penal por peculado, esto es por haber utilizado dineros públicos para fines distintos de los cometidos para los que se le asignara el uso de tal prorrogativa, resultó luego de la denuncia penal correspondiente.
Cuánto pesó en el resultado de las pasadas elecciones, resulta muy difícil saberlo. Lo cierto es que más de un elector lo habrá tenido en cuenta, al momento de no habilitar a esa fuerza política un cuarto período de gobierno.

La constatación de estos y otros desbordes, producto de una suerte de “impunidad” en el manejo de la cosa pública -luego de tres lustros en el gobierno, disfrutando de una bonanza económica sin precedentes en la historia nacional- llevó a indicarse por quienes conformaron el nuevo gobierno de coalición, la imperiosa necesidad de llevar a cabo auditorías, en todas las reparticiones públicas.

Auditorías y no “caza de brujas”, las que comenzaron a realizarse, con todas las garantías legales para los funcionarios implicados.

Ello para conocer en qué estado se recibirían las cosas luego de quince años, y en las dependencias que pudiera corresponder, instruir investigaciones administrativas y eventuales sumarios para deslindar responsabilidades.

Todo regulado por las normas de un ordenamiento jurídico y hasta financiero y contable, de orden legal y constitucional, propio de nuestro Estado de Derecho.

Muchas de estas actuaciones que se dispusieron y vienen cumpliéndose -a menos de un año de haber asumido las nuevas autoridades- han dejado al descubierto “desprolijidades” las que, en caso de configurar apariencia delictiva, serán derivadas a la justicia penal que corresponda. Y que cada quien asuma la responsabilidad por sus actos, ya sea por acción u omisión.

Excesos en gastos de boletos aéreos, hospedajes en hoteles de cinco o más estrellas, viáticos sin rendir cuentas, designación de acompañantes sin justificar especialidad para la función al integrar comitivas oficiales, como los que han motivado la separación del cargo y el sumario administrativo de un encumbrado y otrora poderoso funcionario, si bien no debe dejar de llamar la atención, no es ni será la última vez que ocurran.

El “pecado del exceso” es propio de la naturaleza humana y la tentación al desborde ocurrió, porque evidentemente fallaron quienes debían controlar que tales gastos no se autorizaran. Desde la reserva de los pasajes y hoteles, a la liquidación de viáticos y configuración de la nómina de quienes integran la comitiva que representará los intereses públicos en el exterior –con libramiento “express” de pasaporte oficial incluido- debieron ser controlados y auditados en la previa, por otros funcionarios públicos; pero en los hechos no fue así.

Los controles fallaron y eso es lo que no debiera volver a ocurrir. Siendo generalmente reglada la conducta que deben desarrollar los servidores públicos, el margen de discrecionalidad es muy reducido y la línea que la separa de la arbitrariedad es muy delgada; por ello debe ser muy prolijo el proceder de quienes adoptan decisiones y detentan responsabilidades públicas.

Habrá de controlarse, en todo caso, si actuaron dentro del límite de sus competencias previstas por el legislador. Para luego no lamentar desviaciones, donde quede al descubierto que lo actuado vaya contra lo que pretendió corregirse.