@|Estamos viviendo momentos muy difíciles por el sabido aumento exponencial de casos de Covid- 19.

Y se vuelve a implantar el impuesto, conocido sólo como "impuesto a cargos políticos y públicos de privilegio".

Son contadas las veces que se dice que también afecta a los jubilados. Pero si bien los funcionarios son los públicos, los jubilados, son públicos y privados (de cajas para estatales).

Así como el año pasado lo escribí en esta misma página, tengo que volver a hacerlo este año, pues otra vez se incluye a los jubilados que no reciben ninguna jubilación de "privilegio" ya que muchos trabajaron y aportaron por 30 o 45 años, y en esta etapa de la vida sólo cuentan con su jubilación y tienen que hacer frente a gastos calculados de acuerdo a sus entradas. La edad también hace que sean más dependientes de tratamientos y medicamentos, agravado todo por las consecuencias de la pandemia. Es muy injusto.

En primer lugar, es un impuesto injusto porque discrimina a públicos y privados y en especial por incluir a una franja tan frágil como la de los ancianos.

Por último, más reprobable aún es que tanto el IASS como este impuesto, como el de algunos bancarios jubilados, sean descontados todos del nominal y no del líquido, por lo cual la jubilación se reduce muchísimo más de lo que se dice.

Uruguay es un país que tiene un gran debe con los ancianos, los que no tienen voz ni representantes.

El gobierno se había comprometido a no establecer impuestos, pero por segundo año consecutivo establece uno discriminatorio y que afecta en especial a la población más frágil que no hace ahorros (y si los hiciera estaría en todo su derecho) sino que necesita lo que recibe de su jubilación, no de privilegio, para hacer frente a los gastos que los años conllevan, más aún en pandemia.