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Imposibilidad jurídica del Asilo para Alan García


@| Conforme al artículo I de la Convención sobre Asilo Diplomático (Caracas 1954), el asilo solo se concede a personas perseguidas por motivos o delitos políticos. ¿Quién es un perseguido político? Es sobre quien recae o se ejerce un acto o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales (RAE diccionario). La persecución política niega el ejercicio de los derechos civiles y políticos básicos como la libertad de expresión, reunión, manifestación, asociación, sindicalización, etc. La represión política, utilizada como castigo ejemplarizante, puede ir acompañada de recompensas a aquellas personas o grupos que apoyan al agente represor, promoviendo de este modo una mayor ruptura del tejido social (Diccionario CEAR-Euskadi): Los actos represivos de mayor intensidad se manifiestan en el genocidio y otros delitos de lesa humanidad.

Está claro que la Convención sobre Derecho de Asilo solo protege a los perseguidos políticos, por tanto el Estado Uruguayo no podría ampliar el abanico de protección. La adopción de tal criterio llevaría a la interferencia extranjera de una naturaleza particularmente ofensiva en los asuntos internos del Estado peruano (ICJ, Asylum Case’ judgment 1950).

Asimismo, el artículo III de la referida Convención señala que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes.

¿Quién es inculpado y quién procesado? La doctrina comparada en el ámbito penal coincide en que el término inculpado no tiene una significación específica, porque es la denominación que genéricamente se aplica a todo el que está implicado en un proceso penal como posible culpable. Su carácter genérico le otorga una significación de amplio espectro que comprende al presunto culpable de un delito en cualquier etapa del proceso penal. ¿Quién es procesado? Es quien está inmerso en un proceso. El proceso penal peruano incluye las siguientes etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral.

La situación y calificación penal de Alan García, encaja en ambos términos del artículo III de la Convención. Recordemos que el juez Sánchez Balbuena, dentro de la investigación preparatoria y a solicitud del Fiscal, ordenó el impedimento de salida del país por 18 meses contra Alan García con el fin de garantizar su participación en las diligencias de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. El representante del Ministerio Público aseguró en su sustentación que la constructora brasileña Odebrecht ha presentado nuevos documentos en los que reconoce el pago de US$ 100 mil a Alan García a través de su división de operaciones estructuradas por una conferencia que dictó en Brasil en el 2012.

Por todo lo expuesto, no es jurídicamente viable que Uruguay conceda el asilo a Alan García Pérez. Hacerlo, contravendría lo dispuesto en la propia Convención, lo que daría lugar que el Perú ejerza sus legítimos derechos ante la Corte Internacional de Justicia.

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