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Hoy se vota

La ley del odio pecuniario coactivo


@| Los gobernantes del Uruguay culminan dos años de campaña antimilitar, con la Ley de “Creación de una Prestación pecuniaria coactiva de asistencia al SRPFFAA” para disminuir la “sangría” por el pago de pasividades, que votarán el 15 de mayo. Con mala intención asimilan la “Caja Bancaria” con la “Caja Militar” igualando a los pasivos “bancarios” con los “militares”, y omiten las incomparables competencias: 

1-La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) es una “persona de derecho público no estatal de creación legislativa que no forma parte de la estructura del Estado”: es autónoma con patrimonio propio, no integra orgánicamente el Estado, sus afiliados aportan el capital original y ejercen la dirección, que puede determinar obligaciones para los afiliados y contribuir a la integración de su patrimonio.
Fue por la personería jurídica no estatal que se autorizó en el año 2004 a los gestores y beneficiarios de su propio capital a reducir los egresos para integrar a su patrimonio, y no por la condición de sus afiliados, mediante un “impuesto transitorio” (aún vigente) por su deficitaria situación financiera. Pero no se cumplió la finalidad, y los ingresos se incrementaron un lustro después aumentando los activos por el traspaso de empresas del BPS. 

2-La “Caja Militar” no existe. El “Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas” (SRPFFAA), es un “organismo estatal del MDN”, integrado con personal militar para realizar el control administrativo y la liquidación de pasividades. Tiene la prerrogativa de Unidad Ejecutora del Estado y, como tal, no dispone de patrimonio propio.
Contrariando la estrategia exitosa en la CJPB, las decisiones políticas disminuyeron la cantidad de activos, causando con premeditación el inmoderado crecimiento de los pasivos para inviabilizar su estructura financiera. 

3- Culpando a los perjudicados por los horrores políticos, insisten en auto-financiar una Unidad Ejecutora del MDN con un grupo de pasivos que aporten más que el Estado como patrón de 27000 activos, y agregan al IASS del BPS una venganza travestida como Pecuniaria Coactiva. Les recuerdan el “ABC” para clasificarlos del “1 al 11”, creando a partir del “2” una nueva laya despreciable de “7000 funcionarios públicos pasivos militares nuevos ricos” responsables de la “sangría” del Estado por cobrar más de $54.165, y que culmina distinguiendo al “11” con el “récord Güines de los pagadores de impuestos” y el reconocimiento mundial como “un insólito caso de Ripley”, porque pagarán la mitad de su peculio para cobrar la otra mitad. La discriminación, la desigualdad y la inequidad, dentro del colectivo que integran y de la comunidad a la que pertenecen por nacimiento, se potencia al eximir de esta barbarie impositiva a los 42000 jubilados igualmente “nuevos ricos” del BPS. Los gobernantes ignoran con soberbia los principios que dicen defender y perjudican odiosamente a estos ciudadanos en el tramo final de su existencia, porque estuvieron más años en servicio, realizaron los mayores aportes y alcanzaron las máximas jerarquías como profesionales o voluntarios contratados. 

Pero hay una gran confianza en la cámara de Representantes, porque toda la oposición se ha negado a votar este impuesto inconstitucional, y en el oficialismo se expresó con dignidad republicana un criollo artiguista que llegó desde San Carlos para defender sus principios, al Estado y a los legítimos derechos de sus ofensores del pasado, y para negar su voto decisivo con argumentos irrebatibles a pesar de los ataques retorcidos de algunos compañeros de coalición y del conflicto interno que le genera. “Toda sabiduría humana se resume en dos palabras: esperar y esperanza”.

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