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Hay que legislar

Hijos y entenados


@| Nuestro país, según lo que dicen nuestros gobernantes, ha avanzado en materia de inclusión de género. Así es que ahora las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres: ¿antes no? Dentro de esos avances se incluyen publicitados matrimonios entre mujeres (nótese que uso el término matrimonio, palabra derivada del latín “matris” o madre y “muniun” gravamen o cuidado), entre hombres (que por lo tanto debería patrimonios, aunque ello llevaría a problemas fiscales por el impuesto al).
También se avanzó (¿?) En materia del derecho penal, con la creación del nuevo código, aunque existen opiniones encontradas en cuanto a su aplicación. Anteriormente, era el juez el que investigaba y dictaminaba si había o no un delito. Ahora el que se encarga de la investigación es el fiscal y el juez interviene más adelante si se comprueba la existencia de un delito y dictamina la sentencia aplicable. Antes, el acusado era puesto en prisión hasta que el juez culminara su investigación y lo procesara, mientras que ahora continúa en libertad a menos que su delito tenga la gravedad ya prestablecida por ley para tenerlo bajo custodia.

Desde el 1 de noviembre de 2017 tenemos juicios en trámite con una mezcla de procedimientos procesales, entre los cuales se encuentra el denominado “caso Ancap”. El Fiscal Dr. Luis Pacheco determinó la solicitud de procesamiento de ocho jerarcas del Ente Autónomo y de uno de su subsidiaria Alur. El Sr. Fiscal no solicita prisión de ninguno de los imputados dado que el nuevo Código de Proceso Penal (CPP) así lo determina, aplicando el concepto del más favorable para el acusado, por lo que si la Jueza Dra. Beatriz Larrieu concurre con su dictamen no habrá prisión hasta el juicio y si así resulta de la ley aplicable. 

No sé cuál será su opinión, pero luego de dos años de procedimientos, llegar a la conclusión de que ninguno de los acusados se llevó un peso para su bolsillo porque en sus cuentas bancarias no se incrementaron sustancialmente, adolece por lo menos de ingenuidad sino de profundidad investigativa. Resulta muy difícil de creer que Ancap haya perdido ochocientos millones de dólares bajo la administración de ocho de los acusados y que el único delito sea de “abuso de funciones”, mientras que en el único caso de Alur sea el de “estafa”.

Si según la Ley de Lavoisier, nada se pierde, todo se transforma, ¿cómo es que los ochocientos millones de dólares que perdió el Ente Autónomo monopólico, no los ganó nadie? Si la justicia pretende que éstos cayeron en un agujero negro de errores de cálculo, de toma de decisiones equivocadas pero sin ninguna mala fe o propósito mezquino, entonces nuestro futuro como nación en desarrollo está severamente cuestionado. Si la legislación actual no penaliza a quienes dirigen empresas que son propiedad de todos y cada uno de los habitantes de este país, no podemos seguir más así, ¡tenemos que cambiar las leyes! ¿Por qué a los jerarcas del Ente Autónomo se los considera de diferente forma que al de la subsidiaria que está bajo la ley de empresas privadas? ¿Por qué no le quitamos esos privilegios que les permiten hacer y deshacer a su antojo usando o dilapidando nuestros recursos? ¿Por qué no evitamos poner estas empresas en manos de políticos que no llegaron a ser senadores o diputados o de sindicalistas comprometidos con determinadas ideologías y en su lugar ponemos a quienes tengan capacidad y rindan cuentas de sus actos y puedan ser removidos si no cumplen con sus metas? Dejémonos de ocho hijos y un entenado…

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