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Graves irregularidades


@|El Directorio de ASSE ha debido denunciar penalmente y además, disponer se realice una investigación administrativa a efectos de deslindar responsabilidades y poder comprobar los eventuales malos tratos sufridos por pacientes psiquiátricos, derivados a un “residencial clandestino” al que se los remitía, sin que contara con la habilitación del Ministerio de Salud Pública. Advertido por un pedido de informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) el que se generara a consecuencia de una denuncia que se efectuara “con reserva de identidad”. En uso de las facultades que le confiere la Ley 18.446 esta Institución -que también contiene la “Defensoría del Pueblo”- canalizó la misma, a efectos de lograr se actúe en consecuencia, en favor del “respeto efectivo de los derechos humanos” que se habrían vulnerado.

Al parecer, los pacientes eran derivados no sólo a un establecimiento no habilitado sino que además, el personal no médico del mismo habría sido el responsable de los malos tratos recibidos por los pacientes “de trastorno mental severo” al que el Hospital Vilardebó los derivaba -hasta hace poco tiempo- en base al programa “Egreso Asistido” a los que se les brindaba una asignación económica para poder vivir.

Las anteriores autoridades de la Administración de los Seguros Sociales por Enfermedad (ASSE) no habrían registrado tales situaciones ni advertido el grado de deterioro edilicio e higiénico deplorables en dicho centro. Menos aún cuál era el vínculo jurídico contractual entre dicho “hogar” y el Hospital Vilardebó.

De comprobarse la veracidad de las denuncias que se registraron en perjuicio de seis pacientes, uno de los cuales habría fallecido en el pasado mes de Febrero, con problemas en la alimentación, carencia de asistencia médica y sometidos a tratos violentos en forma indiscriminada, habrán se surgir responsables los que podrán de ser pasibles de las sanciones correspondientes, tanto a nivel penal como administrativo.

En la Ley de Salud Mental No. 19.529 de Setiembre de 2017 y de acuerdo con las directivas sugeridas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) se prestigió la erradicación de los denominados “manicomios” y en el artículo 37 de la mencionada norma se prevé la “desintitucionalización” mediante un “proceso progresivo de cierre de estructuras asilares” las que serían sustituidas por un “sistema de estructuras alternativas”.

Lamentablemente, las previsiones del legislador están muy lejos de lo ideal y la realidad demuestra no sólo el desamparo, sino la vulneración de derechos humanos que se pretenden proteger, cuando en localidades cercanas a colonias psiquiátricas de Santa Lucía e Ituzaingó, la atención de psiquiátricos crónicos que no pueden ser asistidos en las colonias, se ha transformado en “negocios de tipo familiar”, donde estos establecimientos clandestinos operan sin que la Comisión Nacional de Contralor de la Atención de Salud Mental pueda llegar a inspeccionarlos. Ojalá que las nuevas autoridades de ASSE logren desentrañar las responsabilidades de los hechos que fueron objeto de denuncia y que son investigados y que cada quien las asuma en consecuencia.

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