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La gestión del Frente Amplio y los números

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@|La voracidad fiscal y la ineficiencia. 

La gestión del Frente Amplio y los números
El Frente Amplio, en los trece años en que ha ejercido el gobierno de nuestro país, se ha caracterizado por un enorme aparato estatal con un canal alimenticio muy voraz en un extremo y poco sentido de responsabilidad en el otro porque, cuando el Dr. Vázquez asumió su primera Presidencia, la deuda externa uruguaya ascendía a 13 mil setecientos millones de dólares y al finalizar el año 2016, el monto de la misma subió a 33 mil trescientos veinticuatro millones de dólares.
Ese monto se incrementó el año pasado por el déficit fiscal por lo que se podría estimar, en la actualidad, en 35 mil millones de dólares. Por esa deuda, el Estado uruguayo, deberá pagar, sólo por intereses, cerca de,1.600 millones de dólares. El incremento de lo adeudado alcanzó pues un 265 por ciento en el lapso referido que se ha caracterizado por el notorio y persistente despilfarro de los dineros públicos de lo que es muestra evidente lo acontecido con ASSE, Ancap, Pluna, Alas U, Fondes, Gas Sayago y el puerto de aguas profundas de Rocha. A ello se agrega la incorporación de 70 mil nuevos funcionarios a la Administración Pública, cuya nómina puede estimarse en 300.000, cuando, en el 2005, eran, en números redondos, 230.000. Si a ojo de buen cubero calculamos el costo por funcionario en 2000 dólares mensuales, tomando en cuenta el salario, los beneficios sociales, aportes jubilatorios, etc., llegamos, a un costo mensual de 140 millones de dólares y anual de 1.680 millones de dólares por los nuevos 70 mil funcionarios que ingresaron en este período. Se ha alegado, por voceros del partido de gobierno, que un gran porcentaje de esos nuevos funcionarios fueron designados para asumir responsabilidades en organismos vinculados con la seguridad y con la educación, fundamentalmente, pero los números, los datos estadísticos, están indicando que en lugar de producir un impacto positivo en esas áreas, el resultado fue casi imperceptible. 

En materia de seguridad, la incorporación de esos nuevos funcionarios, no ofrece un panorama satisfactorio. Por el contrario, basta con examinar los datos que publicitó, recientemente, el Dr. Guillermo Maciel quien destacó que la tasa de homicidios en Montevideo es de 11,2 cada 100 mil habitantes, mientras que en Madrid es de 0,6, en Nueva York de 3,8, en Buenos Aires de 3.3 y en Los Ángeles de 7,5. Incluso, es absolutamente sorprendente que en el año 2017, en Nueva York, con 8.500.000 de habitantes, se perpetraron 284 homicidios mientras que en nuestro país los asesinatos cometidos fueron 283 con un aumento significativo del porcentaje en el lapso transcurrido del 2018. Pero lo más grave es que en el transcurso del año 2017, el 49,8%, de los homicidios no fueron aclarados y que, por ende, aquellos que los perpetraron gozan de impunidad.

En ese contexto, es necesario destacar que, en el año anterior a que asumiera el Señor Bonomi, el Ministerio del Interior, es decir, en el 2004, se habían perpetrado 12.000 rapiñas y que, en el 2016, esa cifra llegó 20.000, aunque ha trascendido que pudo haber, últimamente, una reducción, posiblemente porque muchos de las cometidas, no se denuncian. El presupuesto del Ministerio del Interior, en el año 2005, era de 241 millones de dólares, mientras que en el año 2016 fue de 882 millones. En concreto, el costo del combate a la criminalidad aumentó en estos trece años más de un 365% por ciento mientras que, por ejemplo, los delitos de rapiña, aumentaron en un 60%... 

Y en materia de educación, todos recuerdan al Presidente Mujica, cuando reiteradamente decía: “educación, educación, educación…” y que se iba a cambiar el ADN de todo lo referente a la enseñanza pública. Esos asertos han quedado relegados por la realidad que indica un panorama sombrío en la educación a pesar de que la Ministra de Educación y Cultura, opina lo contrario y sostiene que el Presidente del Codicen es el “José Pedro Varela del quinquenio…”.  

Es, pues imperativo que este gobierno termine con el despilfarro y la ineficiencia, porque el peso de los impuestos y de las tarifas que los incluyen, se ha transformado en una carga muy difícil de soportar para los sufridos contribuyentes y en un tremendo lastre que no podemos transferir a las nuevas generaciones.

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