@| Somos expertos en postergar definiciones y soluciones, lo que nos condena a convivir con los problemas.

El debate reabierto sobre fueros es un ejemplo menor en relación a otros más relevantes: Educación, salud, seguridad, brecha social, políticas de Estado, etc. 

Cuando los temas toman estado público surgen los políticos que hacen “buena letra” y parece haber consensos. Error: ninguno cede el derecho a llevar la bandera, cada cual recurre a su banderín y queda todo como está… 

El tema de los fueros es complejo y requeriría modificar la Constitución. Planteo de largo aliento que requiere estudio, definición y urnas. Mínimo un par de años. 

La ciudadanía pide un mensaje claro de sus políticos, pero éstos esquivan el mandato delegado. Falta transparencia, hay desvíos, desbordes y turbiedades por decirlo suavemente.  

Hic et nunc - hoy y aquí – hay otras vías de acción efectiva. La respuesta está al alcance de la mano: basta revisar reclamos en estos últimos años: Replantear, sin concesiones, privilegios adquiridos en las últimas décadas por parte de los políticos. Con fecha de aprobación, i.e. octubre. 

Es posible, democrático, republicano, transparente y ético. Reivindica el legado artiguista y el elemental sentido común.  

Veamos el combo legislativo mínimo de probidad republicana que se les puede exigir a nuestros representantes:
Licencias parlamentarias: Volver a las fuentes, regresar con mínimas modificaciones a la ley 10.618 de 1945, por la cual se reguló el tema. Las licencias serán por misiones oficiales, enfermedad o si la pide el partido. Ley justa, criteriosa y equilibrada. Conceptualmente legal, legítima y ética.
Descartar lo aprobado en 1993, licencias “por motivos personales”, un dislate. Si quieren mantener motivos personales, que sean sin goce de sueldo. A nadie en su sano juicio se le ocurre dar licencias por motivos personales sin justificar. Votamos por un legislador para cumplir nuestro mandato, y pagaremos sólo por uno - el titular o el suplente. Lo otro es abuso de confianza y de funciones. Legal porque lo votaron, pero ilegítimo y no ético. Patético. 

Partidas parlamentarias adicionadas al sueldo: Es sabido y reconocido por los legisladores que son un atajo para suplementar el sueldo básico, ya razonablemente alto. Las partidas de a) Representación, b) Prensa, c) Secretaría y d) Celulares deben revisarse al detalle y cesar o recortarse al máximo. Y de paso, con comprobantes. Cualquier similitud con las tarjetas corporativas es mera coincidencia… Terminen con el “viva la pepa”.
El pago, ¿por el cargo o la función? El ejemplo del Ministro que opta por cobrar su sueldo como legislador es un artilugio que la ciudadanía no merece. Detalle menor, pero demasiado significativo. Es el “como te digo una cosa hago la otra”, que campea en todas las tiendas…
El pago de cargas sociales de secretaría: Que en el parlamento hubieran deudas con el BPS es un escándalo. No pasó nada. Demasiados involucrados. Barramos debajo de la alfombra… El descontrol institucionalizado. 

Pases en comisión. Guste o no, se abusa: nepotismo, amiguismo, “compañerismo”. Mal de muchos, consuelo de estúpidos; juegan con fuego, terminarán quemados. 

Subsidios al cesar la legislatura. Imposible digerir que una institución, que firma un contrato a término por 5 años - con fecha de vencimiento precisa - siga pagando un suculento estipendio durante un tiempo extenso. ¡No nos tomen el pelo! ¡Como máximo, reconózcanse dos meses con un solo sueldo mínimo nacional! Y no es de recibo que “eso no mueve la aguja”. 

Subsidios al renunciar en medio de la legislatura. Indignos, dignos sólo de Ripley. Lo que faltaba en la olla podrida. 

¿Cómo han sucedido estos desvíos? Simple, fue una época cercana - hoy superada - sin transparencia. Más simple, porque los propios interesados en sus prebendas estaban - están - a ambos lados del mostrador. No estuvieron a la altura de las expectativas que se les delegó; actuaron como monos con navaja. Es tiempo de revisar errores y reencaminarse. Sin versos, con acciones. No da para más. 

“Quo vadis” es la inagotable interrogante que interpela y desafía la inteligencia de las naciones. En nuestro caso persiste la duda: ¿Cómo se establece y cuál es la relación entre los ciudadanos y sus representantes en el quehacer de la república? ¿Hasta dónde delegamos potestades y en cuales áreas y casos no debemos ni queremos delegarlas a los gobernantes? De esto trata la cuestión.