El pasado 23 de setiembre el BPS devolvió 4.400 millones de pesos a 141.000 personas, a quienes les había cobrado demás con destino al Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Se trata de una masa dineraria que el Estado reúne para crear un fondo y con ello financiar la atención médica de los uruguayos, a cuya formación contribuyen todos los económicamente activos, con relativa capacidad contributiva, incluidos los jubilados.

Hasta ahí todo perfecto, ahora todos los años tienen que devolver lo debitado en exceso, que por otra parte es una suma importante, que el Estado usa y devuelve más de un año después, sin pagar intereses. Es llamativo que la DGI y las Intendencias exigen comenzar con los pagos a principio de año, las declaraciones juradas y las reliquidaciones a mediados de año, y si no se hace en fecha empiezan a correr cuantiosas multas y recargos, pero cuando tienen que devolver lo hacen 10 meses después.
En plena campaña, los Economistas se pelean por demostrar quien tiene mayor curriculum, pero algo tan simple como sumar todo lo recaudado en un año, restarle lo gastado y devolver el excedente, les lleva 10 meses. Salvo que necesiten esa masa de dinero en el balance anual para que el déficit fiscal no sea más escandaloso de lo que ya es.

Cualquier cajero sabe que si va haciendo cierres parciales, al final lo único que tiene que procesar es lo último que realizó y los ajustes que correspondan, salvo que le interese quedarse a hacer horas extras, a costa de su empleador claro, que en este caso es el pueblo uruguayo.

El 30 de agosto el diario El País ya conocía estos datos, quiere decir que el gobierno los tenía de antes, sería bueno saber el porqué de la demora en devolver lo que no es suyo.