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Extraña omisión


@| Luego de los conocidos casos de corrupción, uso indebidos de tarjetas, sobreprecios en las obras licitadas, etc. que ha involucrado a todos los partidos y que estamos pagando todos los ciudadanos y pagaran las futuras generaciones, llama la atención que Presidencia así como ningún parlamentario haya presentado un proyecto de Ley que regule y condene penalmente a quienes quede probado que no han cumplido con su compromiso con el País y la ciudadanía en general, aprovechando de su posición en beneficio propio o de terceros. 

¡Señores gobernantes recuerden su juramento al momento de asumir!
Es indispensable y urgente que se dicte una Ley que controle las actividades y desempeño de los jerarcas de los Ministerios, Entes autónomos, empresas públicas, así como aquellas en las que el Estado tenga participación ya sea parcial o total aunque las mismas se rijan por el derecho privado. 

Podría ser la Jutep pero con medios y personal técnico y administrativo suficiente no solo para controlar y sancionar con severidad cualquier desvío probado, contando con los medios y capacidad para solicitar información y comprobar desvío de valores al sistema bancario en el exterior.

Es evidente que ningún corrupto es tan tonto como para depositar en la banca local dineros mal habidos.

Sería una brillante inversión y quizás ni siquiera sea necesario nombrar nuevos funcionarios dado que podría trasladarse a esa unidad funcionarios que actualmente actúen en otras reparticiones del Estado. 

Al mismo tiempo el Tribunal de Cuentas debe de tener la potestad no solo de advertir sino además poder sancionar todos aquellos desvíos, que hoy son solo advertencias que finalmente nadie cumple y…no pasa nada.
El control debe incluir no solo a directores sino también a todos los mandos medios y en especial a los funcionarios que intervienen en la compras sean directas o por licitación ya que es sabido que en muchos casos los pliegos se redactan favoreciendo a determinados proveedores.

En estos casos además se debe de castigar a las empresas beneficiarias de esas adjudicaciones.

Si se dicta una Ley como la propuesta, rápidamente se comprobará que el Estado ahorrará no solo muchos millones de dólares anualmente sino que también se evitarán los multimillonarios “ajustes” de precio en obras y servicios que como se ha comprobado se produjeron en los últimos años en ANCAP, ALUR y seguramente muchos otros organismos.

Ojalá que los legisladores dediquen su máximo esfuerzo para dar solución rápidamente a estas situaciones y es de esperar que una ley con éstas características sea aprobada por unanimidad de los señores Diputados y Senadores ya que para eso fueron electos.

Al mismo tiempo la clase política recuperará el prestigio que está comprobado ha perdido en las últimas décadas y en consecuencia ganará la Democracia.

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