@|Si por “ética” se entiende según el Diccionario de la Real Academia Española: “el conjunto de normas morales que rigen la conducta de una persona en cualquier ámbito de la vida”, la “ética pública” refiere al comportamiento que habrá de regir el proceder de quienes ejercen funciones públicas, desde cargos que implican hasta la propia representación del Estado al que –se supone- brindan sus desvelos, en el cumplimiento de las tareas que se les asignan, por razones de interés general.

A mayor jerarquía, mayor será la responsabilidad en el ejercicio de la función pública que se le confíe, debiendo desenvolverse dentro del sistema legal reglado que enmarca tal desempeño. Esa asignación de funciones públicas debe revestir la necesaria transparencia, atento a que, en el cumplimiento de las funciones no sólo se perciben salarios que provienen de la hacienda pública, sino además -en casos como el que motiva esta opinión- se manejan viáticos, gastos en hoteles, boletos aéreos, los que luego habrán de ser rendidos al término de las misiones desarrolladas. Por cierto que todo se encuentra reglado casi minuciosamente, para no dejar espacio a las arbitrariedades.

En nuestro país, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) creada por la Ley No.19.340 de fecha 28 Agosto de 2015 como “Servicio Descentralizado”, es vinculado al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Su Directorio, está integrado por tres miembros y tiene por cometido desde entonces, combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.

Un programa periodístico y un conocido semanario, hicieron públicos los viajes (y el costo de los mismos) de un alto funcionario de la Secretaría de la Presidencia de la República del gobierno anterior, acompañado de una novel profesional contadora, ingresada poco antes, a cumplir funciones en la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Esta Secretaría habría informado que no habría participado en la averiguación de ningún delito económico relacionado con el “Plan Cóndor”, ni se tiene noticia de una “casación parcial” de la sentencia italiana, que no incluyó a Uruguay entre los damnificados, al establecer penas pecuniarias. Todo muy confuso y por cierto nada transparente, ello ha dado lugar a un sin fin de conjeturas, las que refieren por sobre todo al manejo de dineros públicos y a la integración de funcionarios en las comitivas de asuntos que debían tramitarse en el exterior.

En la especie, nos referimos al mencionado juicio a militares juzgados por violación a los Derechos Humanos, cumplido en Roma y a los juicios llevados en Washington, por los reclamos de la minera Aratirí.

Se trata de cinco viajes “oficiales”, en los que sólo en pasajes aéreos, se invirtieron casi cuarenta mil dólares, que por cierto abonamos todos los uruguayos.

La Jutep, por decisión de dos de sus miembros, resolvió archivar el expediente en el mes de Enero de este año, al encontrar “satisfactorias” las explicaciones que le requirieron al jerarca (quien a partir del 1° de Marzo regresó a su cargo en la Fiscalía de Gobierno).

Hoy este jerarca, otrora poderoso, enfrenta tres Investigaciones Administrativas y la Jutep, con su nueva integración resolvió por unanimidad reabrir el caso, solicitando más información a Presidencia de la República y a su vez, el Fiscal de Corte remitió las publicaciones de prensa al Fiscal de Delitos Económicos.

Se impone una muy seria investigación de lo sucedido a efectos de deslindar responsabilidades y definir si existió delito y/o si la designación de esta muy joven profesional, estaba prevista dentro del marco de la discrecionalidad administrativa, o si por el contrario, supuso una arbitrariedad a todas luces, inadmisible.