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Entes autónomos


@|Creemos que su organización, cometidos y planificación deberían ser revisadas y sus Estatutos modificados para adaptarlos a las actuales y futuras exigencias del mundo económico y empresarial.

Para empezar a ubicarnos, ¿cuál es el sentido de afirmar que tal “ente autónomo” es de “todos los uruguayos” cuando en realidad le pertenece a algunos pocos? Y en esos pocos incluyo a sus directores, gerentes y empleados que tienen sueldos y beneficios que pagamos “todos los uruguayos” a través de tarifas y precios que no son impuestos, sin que tengamos ninguna posibilidad de optar por otra alternativa menos gravosa.

Además, y por su condición monopólica, nos imponen otros condimentos a los que cada “ente autónomo” genera por su actividad propia al incluir impuestos como el IMESI y/o el IVA que debemos pagar cuando consumimos sus productos. A eso se le debe agregar lo que el gobierno de turno determina que deban volcar ganancias a “Rentas Generales” para así procurar calmar a esa gigantesca “solitaria” que es el Estado y que devora gran parte de los recursos que el Sector Privado genera.

No nos olvidemos además, de la infinidad de empresas que se han creado para escapar de los controles establecidos para los organismos estatales, con la excusa de darles mayor dinamismo y que en su inmensa mayoría han terminado generando pérdidas.

Si en realidad deseamos que las empresas del Estado sean eficientes y generen beneficios que se vuelquen a “todos los uruguayos”, deberemos reconvertirlas para que se manejen dentro de un esquema de competencia justa con el sector privado. A esos efectos, se deberá poner al frente de cada empresa personas competentes e idóneas que sean capaces de conducir y obtener beneficios reales para sus empresas y no aquellos derivados de su condición monopólica y/o de precios o tarifas impuestas por los gobiernos de turno.

Sus condiciones contractuales deberán ser similares a las de un cargo jerárquico en una empresa privada. Su desempeño debería ser premiado proporcionalmente a los beneficios obtenidos y su permanencia nunca estará condicionada a su carrera o contactos políticos. Se deberán establecer porcentuales predeterminados para la distribución de sus utilidades, con énfasis en aquellos que se destinen a sus usuarios, en especial a aquellos de condición económica más endeble.

Se debería abrir la posibilidad de que personas y/o empresas nacionales puedan suscribir parte de su capital accionario – sin que el Estado pierda su participación mayoritaria – de modo de sustituir deuda por patrimonio.

Son algunas ideas, muchas de las cuales, deberían ser analizadas por el gobierno entrante, si es que de una vez por todas queremos salir de la “stagflation” (estancamiento con inflación)...

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