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Enfermedad por plomo


@|Ante el artículo publicado el pasado lunes, en Economía y Mercado: otra cara del flagelo.

Acertadamente y con base en estudios académicos se reconocen los efectos de largo plazo del plomo en sangre.

Se trata de un muy oportuno enfoque, porque viene a sumar un enfoque diverso a una realidad nacional muy preocupante y que requiere del Estado una muy rápida solución: el contrabando a Brasil de baterías usadas (automóviles, etc.), las que antes transitan por todo Uruguay, se estiban en depósitos, formales y clandestinos y se manipulan como si se tratara de un residuo común.

Claro que no lo es: los acumuladores fabricados por plomo y ácido son altamente contaminantes; así reconocido en el mundo, se califica como Residuo Peligroso y sólo con estrictas autorizaciones ambientales se puede gestionar (que van desde la recepción hasta la exportación, en el caso de Uruguay que no cuenta con una planta para su reciclado, acondicionamiento especial, estiba especial, barcos adecuados y sólo puertos y destinos autorizados conforme un Convenio Internacional que Uruguay ratificó).

Salpicado el Gobierno (justamente) por la alarma pública de familias contaminadas por entierro de baterías y hasta por utilizarlas para parte de casas en asentamientos precarios, en 2003 aprobó un Decreto (Poder Ejecutivo) simple, práctico y fácil de ejecutar: el importador de una batería nueva debe asegurar la retornabilidad de la usada que recibe en cambio, cuando comercializa la primera.

Sin embargo, a 17 años de vigencia del decreto, no conocemos exigencia alguna de la autoridad ambiental uruguaya por lo que, año a año, viene creciendo el comercio ilegal de baterías usadas, alentado por un Brasil poco controlador, una frontera seca de tipo gruyere y mucho dinero -negro- en juego, pues Brasil es demandante del desecho en forma permanente pudiendo pagar precios ajenos al mercado formal y por tanto al riesgo a la salud se le suma la subsistencia misma de las empresas dedicadas a la gestión.

La ausencia de contralores impacta en la salida ilegal, flagelo hoy extendido a vista y paciencia de las autoridades ambientales: en kilos de baterías (las de distintas dimensiones). Entre 2017 y los primeros 4 meses y medio de 2020, se importaron en condición de nuevos 19:714.351 baterías; en el mismo período se gestionaron adecuadamente y se exportaron 12:706.209, por lo cual salieron del país con destino incierto 7:008.142 kilos (algunos miles en condición de nuevo podrán estar en los importadores como stock, seguramente).

Este año, viene mostrando la peor cara de los últimos: más kilos con destino incierto que los gestionados formalmente, ¡ni los controles militares en frontera, ni el Covid-19 los para!

En el alumbramiento de un Ministerio de Medio Ambiente, combatir este flagelo que está llegando a la mayoría de edad con una fortaleza inesperada, deberá ser prioritario y parte de una política de Estado.

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