@|Hace un par de meses, publiqué una nota sobre el emisor subacuático que verterá las aguas cloacales que se arrojan a los ríos Riachuelo y Matanzas, en los aledaños de Buenos Aires, sin que nadie se haya dado por enterado de lo ominoso de este emprendimiento. Y cuando digo nadie, me refiero no sólo a las autoridades en materia de medio ambiente, sino también a la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, a los funcionarios competentes de la Cancillería y al periodismo. Incluso, en lunes pasado fue entrevistado en Desayunos Informales el Director de la DINAMA y el tema no se trató. 

Este emprendimiento, que se encuentra en un proceso avanzado de construcción, verterá en el Río de la Plata las aguas cloacales de los cursos fluviales argentinos Riachuelo y Matanzas que refiere a una población de la ciudad de Buenos Aires y aledaños de 4 millones 300 mil habitantes y de alrededor de 2000 establecimientos industriales. Se trata de un túnel que tiene un diámetro de aproximadamente 4,3 metros y que, sin duda alguna, con los vertimientos que el mismo realizará, puede ser una enorme fuente de contaminación del Río de la Plata.

Considerado el proyecto en una reunión plenaria de la CARP, en el año 2009, la delegación uruguaya entendió que no era necesario proceder al régimen de consulta previsto en los arts. 17 a 22 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, lo que hubiera permitido un flujo de información mucho más completa que la recibida en esa oportunidad.

Ya manifesté mi disconformidad con ese temperamento por las siguientes razones: a) Se trata de un emprendimiento que trasciende la zona de jurisdicción exclusiva argentina que esa altura es de dos millas náuticas y b) Porque esos monstruosos vertimientos, en la zona común del citado curso fluvial, pueden afectar el régimen del Río.

Pasaron diez años. El proyecto originario fue objeto de modificaciones, incluso prolongando su extensión, pero el tema no se trató más por las distintas delegaciones uruguayas ante la CARP, ni por ningún otro organismo competente de nuestro país. A nadie le interesó lo que se estaba construyendo y el impacto al medio ambiente que podía generar. Incluso el Subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks dijo que, en el último período de gobierno, no pidieron ni recibieron ninguna actualización ni información sobre como el proyecto seguía su curso. Realmente sorprende que una obra monstruosa como ésta no haya merecido interés alguno de la autoridad competente y es sintomática de una realidad caracterizada por el desinterés y la negligencia.

Sólo cabe esperar que los que asuman ese cometido, a partir del 1º de marzo de 2020, sean conscientes de la amenaza que ese emisor puede implicar y adopten las medidas de monitoreo y salvaguarda que correspondan.